Una llamada telefónica registrada durante la noche de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa condujo a la Fiscalía General de la República a una de las líneas de investigación más delicadas del caso: la posible utilización de funerarias y del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Iguala para ocultar evidencia relacionada con los normalistas.
Durante la presentación de los últimos avances de la investigación del caso, que cumplió 12 años el pasado sábado 26 de septiembre, Mauricio Pazarán Álvarez, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), explicó que el reanálisis de comunicaciones permitió detectar contactos entre integrantes de Guerreros Unidos y Rodolfo “N”, propietario de las funerarias El Ángel y Funeral Económico Rueda.
Las investigaciones revelaron además que Rodolfo “N” sostuvo ocho comunicaciones con Irving “N” durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Ese hallazgo, explicó Pazarán en conferencia de prensa este lunes 28 de septiembre, fortaleció una línea de investigación abierta años atrás sobre la posible participación de funerarias y hornos crematorios en la desaparición de los 43 normalistas.
Control sobre funerarias, SEMEFO y panteón
La Fiscalía informó que Rodolfo Rueda y su familia no solo eran propietarios de las funerarias investigadas.
También eran concesionarios del Servicio Médico Forense de Iguala y tenían participación directa en la administración del panteón municipal.
De acuerdo con la exposición del fiscal, esa concentración de funciones implicaba control sobre prácticamente todo el proceso relacionado con un cadáver.
“Tenía el control desde el levantamiento de un cuerpo, su identificación y la certificación de la causa de muerte, el resguardo de los cuerpos, así como la autorización y destino de estos”, explicó.
El teléfono de Julio César Mondragón siguió funcionando
Uno de los indicios más importantes apareció durante el reanálisis telefónico realizado en 2025.
La Fiscalía estableció que el 4 de octubre de 2014 Rodolfo “N” utilizó el teléfono celular perteneciente al estudiante Julio César Mondragón Fontes, a quien se le desolló el rostro durante los acontecimientos de Iguala.
Para los investigadores, aseveró el fiscal Pazarán, este hallazgo fortaleció los indicios que relacionan al personal de las funerarias con la desaparición de los estudiantes.
👆Durante las movilizaciones por los 12 años de los hechos en Iguala, Guerrero, los padres realizaron el pase de lista conmemorativo de los 43 normalistas de Ayotzinapa, frente al Antimonumento +43 instalado en Paseo de la Reforma.
— La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) September 27, 2026
🗣️ Uno a uno, los nombres de los normalistas… pic.twitter.com/UfjYUk1t3q
El cateo: esto se halló en la funeraria de la familia Rueda
En octubre de 2025 la Fiscalía ejecutó un cateo en la funeraria El Ángel.
Durante la diligencia encontró:
- un resto óseo resguardado dentro de un cajón;
- un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas;
- documentación relacionada con Irving “N”;
- un horno crematorio clandestino que no contaba con registro oficial.
Los investigadores también localizaron certificados de defunción, autorizaciones de traslado de cadáveres y permisos de inhumación firmados y sellados en blanco.
La Fiscalía advirtió que este tipo de documentos podían utilizarse para incorporar posteriormente información falsa y dar apariencia de legalidad a registros relacionados con personas fallecidas.
Según explicó Pazarán, ello habría permitido modificar causas de muerte, documentar traslados inexistentes o respaldar inhumaciones con información distinta a la real.
El cateo al SEMEFO: esto se halló en las indagatorias
Las irregularidades detectadas motivaron una segunda diligencia.
El 8 de diciembre de 2025 la Fiscalía cateó las instalaciones del Servicio Médico Forense, bajo control de la familia Rueda.
Ahí fueron encontrados:
- restos óseos sin registro;
- cuerpos con carpetas duplicadas;
- restos asociados con expedientes fechados desde 2014;
- restos óseos calcinados y piezas dentales ocultos dentro de un colchón ubicado en la parte posterior del inmueble.
Para la Fiscalía, estas anomalías comprometían la trazabilidad de los cuerpos y la identificación de personas fallecidas.
Posteriormente se realizaron jornadas de búsqueda en el predio de la funeraria con participación de representantes de las familias de los normalistas y de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Los trabajos se extendieron hasta junio de 2026.
Durante ese periodo fueron localizados 23 indicios, entre ellos cientos de fragmentos óseos, restos biológicos, prótesis dentales, cartuchos, casquillos y diversa documentación.
A petición de las madres y padres de los estudiantes desaparecidos, el Equipo Argentino de Antropología Forense se incorporó al análisis pericial.
La Fiscalía informó además que el 26 de marzo de 2026 fueron encontrados restos humanos enterrados en la parte posterior del SEMEFO.
Los estudios genéticos determinaron que coincidían con otro fragmento localizado por la propia Fiscalía en diciembre de 2021, a 123 kilómetros de distancia, en el camino a las antenas de Mezcaltepec, municipio de Taxco, Guerrero.
“Este dato nos obliga a examinar tanto la actuación de quienes lo operaban como el alcance de la supervisión pública”, enfatizó el fiscal.
“La concentración del control sobre la funeraria y el servicio forense cobra especial relevancia frente a los documentos en blanco, los restos sin registro y los demás hallazgos”.
¿Qué nuevos avances del Caso Ayotzinapa hay?
Con base en el análisis telefónico, los cateos, los indicios periciales y las declaraciones de testigos colaboradores identificados como Sonia, Damián y Neto, la FGR fortaleció la línea de investigación según la cual algunos estudiantes pudieron haber sido trasladados a funerarias, donde presuntamente se habría buscado desaparecer evidencia mediante procesos de cremación y alteración de registros oficiales.
Como resultado de esta investigación, el fiscal Pazarán detalló que fueron detenidos Rodolfo “N” padre, Rodolfo “N” hijo y otros presuntos involucrados, quienes permanecen vinculados a proceso y sujetos a prisión preventiva en tanto continúan las investigaciones.
“Detrás de cada una de estas preguntas puede haber una familia esperando una respuesta”, enfatizó el fiscal Pazarán.