A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el Gobierno de México informó este lunes sobre nuevos avances en la investigación, entre ellos la identificación de personas que no habían sido consideradas previamente, nuevas órdenes de aprehensión, hallazgos en instalaciones funerarias y el reanálisis de millones de documentos, registros telefónicos y dictámenes periciales.
El titular de la Unidad Especializada para la Litigación del Caso Ayotzinapa (UELCA), Mauricio Pazarán Álvarez, informó que uno de los principales avances corresponde al análisis de comunicaciones realizadas durante la noche de los hechos. La revisión de registros telefónicos de 2014 y 2015 permitió identificar a 17 personas que no habían sido reconocidas previamente en la investigación y reconstruir vínculos entre ellas durante las horas críticas de la desaparición.
El análisis detectó comunicaciones entre servidores públicos, policías, personas relacionadas con grupos de la delincuencia organizada y particulares. También permitió establecer contactos entre integrantes de Guerreros Unidos y personas vinculadas con funerarias de Iguala.
A partir de estos datos se fortaleció una línea de investigación relacionada con la funeraria El Ángel y el servicio médico forense de Iguala, debido a que, según la investigación presentada, ambas actividades estaban bajo control de integrantes de una misma familia.
Durante un cateo realizado en octubre de 2025 se localizaron, entre otros indicios, restos óseos, un arma de fuego, documentación y un horno clandestino. También fueron encontrados certificados de defunción y documentos de traslado e inhumación que ya contaban con firmas y sellos oficiales, pero permanecían en blanco.
Posteriormente, las autoridades aseguraron la funeraria y el servicio médico forense. En nuevas diligencias se localizaron restos óseos sin registro, cuerpos con carpetas duplicadas y otros indicios relacionados con el manejo de cadáveres.
Las jornadas de búsqueda realizadas en el predio se extendieron hasta junio de 2026 y permitieron localizar 23 individuos, fragmentos óseos, prótesis dentales, restos biológicos, cartuchos, casquillos y documentación. Un análisis genético estableció coincidencia entre un fragmento encontrado en el sitio y otro localizado en 2021 en el municipio de Taxco.
A partir de estos hallazgos y de declaraciones de testigos colaboradores, la Fiscalía señaló que se fortaleció una hipótesis sobre una posible red criminal que habría utilizado funerarias y el servicio médico forense para desaparecer evidencias. Esta hipótesis continúa sujeta a investigación y deberá ser acreditada mediante los procesos correspondientes.
Nuevas órdenes de aprehensión
Las investigaciones relacionadas con la funeraria y el servicio médico forense derivaron en un segundo proceso penal contra uno de los propietarios por delincuencia organizada y desaparición forzada de personas en agravio de los 43 estudiantes.
El 17 de junio de 2026 fueron emitidas siete órdenes de aprehensión: cuatro contra integrantes de la familia propietaria de las funerarias y tres contra servidores públicos vinculados con los servicios médicos forenses y el Ayuntamiento de Iguala. Las personas señaladas se encuentran sujetas a procesos con prisión preventiva, mientras que su responsabilidad deberá determinarse en las instancias judiciales correspondientes.
Seguimiento a los teléfonos de los estudiantes
Otra línea de investigación se concentra en los teléfonos celulares de los normalistas desaparecidos. Las autoridades identificaron equipos que fueron utilizados después de la desaparición de sus propietarios.
En uno de los casos, correspondiente al teléfono de Jorge Antonio Tizapa Legideño, se estableció que fue utilizado entre el 23 y el 25 de octubre de 2014 por un exservidor público de Iguala. Con base en este hallazgo y otros elementos testimoniales, en agosto de 2026 se obtuvo una orden de aprehensión por delincuencia organizada y desaparición forzada.
También se identificó el uso posterior de los teléfonos de Jorge Aníbal Cruz Mendoza e Israel Caballero Sánchez. En el primer caso, el aparato fue utilizado por un policía municipal de Iguala; en el segundo, por la esposa de un exservidor público municipal que se encontraba adscrito a la barandilla el día de los hechos.
Según la investigación presentada, estos datos fortalecen la línea relacionada con el posible traslado de algunos estudiantes a la barandilla de Iguala.
Palacio de Justicia y extradiciones
Otra línea se refiere a las videograbaciones de las cámaras instaladas en el Palacio de Justicia del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, ubicado frente a un punto donde algunos estudiantes habrían sido desaparecidos.
La Fiscalía informó sobre detenciones y declaraciones de exfuncionarias del tribunal que, según la investigación, aportaron información sobre el destino de las grabaciones y sobre decisiones tomadas por autoridades relacionadas con el caso. Estos elementos derivaron en la detención y vinculación a proceso de otra persona por su posible participación en el ocultamiento de evidencia.
En cuanto a las extradiciones, las autoridades mantienen procedimientos para llevar ante la justicia mexicana a personas consideradas relevantes para la investigación. Entre ellas se encuentra un exmando policial cuya extradición desde Estados Unidos continúa en trámite, así como un exfuncionario localizado en Israel, contra quien existe una orden de aprehensión por tortura, desaparición forzada y delitos relacionados con el ejercicio del servicio público.
Respecto a este último procedimiento, México ha realizado reuniones y comunicaciones con autoridades israelíes y entregado miles de páginas traducidas para sustentar la solicitud de extradición.
162 expedientes y 168 personas sujetas a proceso
Actualmente, la Unidad de Investigación del caso Ayotzinapa cuenta con 162 expedientes: 60 averiguaciones previas, 42 carpetas de investigación y 60 causas penales.
El reporte señala que existen 168 personas sujetas a proceso, de las cuales 130 se encuentran detenidas en prisión y 38 tienen medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.
Entre octubre de 2024 y septiembre de 2026 se han realizado detenciones de personas con distintos perfiles presuntamente relacionados con los hechos, entre ellas nueve expolicías municipales, ocho presuntos integrantes o colaboradores de grupos delictivos, siete exservidores públicos, dos empresarios y cuatro civiles vinculados con líneas específicas de investigación. Entre los exservidores públicos mencionados se encuentra un exgobernador de Guerrero y una exmagistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia estatal.
A 12 años de la desaparición, el Gobierno de México sostiene que la prioridad es localizar a los estudiantes, esclarecer lo ocurrido durante aquella noche y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.
La investigación continúa mediante el cruce de información documental, telefónica y pericial, además de búsquedas de campo, cateos, análisis geográficos y otras diligencias ministeriales. Las autoridades señalaron que el objetivo es aprovechar la información acumulada durante estos años para fortalecer las líneas existentes y abrir nuevas rutas cuando existan elementos que permitan avanzar en el esclarecimiento del caso.