Los resultados de la Encuesta Intercensal 2025, elaborada, levantada y procesada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, permiten observar una transformación relevante: entre 2020 y 2025 disminuyó de manera generalizada la proporción de hogares que reportó dificultades para acceder a los alimentos por falta de dinero o recursos. El dato es importante no sólo por la magnitud de la reducción, sino porque se presenta en las 32 entidades federativas. Sin embargo, cuando se intenta avanzar desde la descripción hacia la explicación aparece una dificultad: sabemos con relativa precisión qué ocurrió, pero con la información agregada disponible no se puede establecer todavía por qué ocurrió.
La distinción no es menor. En las ciencias sociales, encontrar una regularidad estadística constituye apenas el comienzo del problema explicativo. Que dos fenómenos ocurran simultáneamente, incluso cuando existe una hipótesis teórica plausible que los vincula, no significa necesariamente que uno explique al otro. El caso de las condiciones alimentarias de los hogares mexicanos entre 2020 y 2025 constituye un excelente ejemplo de ello.
El Censo de Población y Vivienda 2020 incluyó la pregunta relativa a si, durante los tres meses anteriores a la entrevista, por falta de dinero o recursos, los hogares habían enfrentado limitaciones para acceder a los alimentos. La Encuesta Intercensal 2025 recuperó sustancialmente la misma pregunta. La comparabilidad conceptual permite observar el cambio ocurrido durante el quinquenio.
Los resultados son claros. En 2020, aproximadamente 9.18% de los hogares del país se encontraba en esa situación, es decir, tenían dificultades para acceder a alimentos por falta de dinero o recursos. Para 2025, el porcentaje captado fue de 6.54%. La diferencia es de 2.64 puntos porcentuales, equivalente a una disminución relativa cercana a 29% en la prevalencia del fenómeno.
En números absolutos, el resultado resulta igualmente significativo. A pesar de que el número de hogares del país aumentó durante el periodo, los hogares que reportaron esta dificultad pasaron de aproximadamente 3.21 millones en 2020 a 2.60 millones en 2025. Son alrededor de 617 mil hogares menos. La disminución nacional, además, es estadísticamente significativa. Y cuando se desciende al territorio aparece otro resultado importante: las 32 entidades federativas registraron reducciones.
Una mejoría generalizada, pero profundamente desigual
La universalidad de la dirección del cambio no significa que México haya alcanzado condiciones territoriales homogéneas. En 2025 persistían diferencias muy amplias. Tabasco presentaba todavía 15.32% de sus hogares en la condición señalada; Oaxaca, 10.13%; Campeche, 9.94%; y Guerrero, 9.63%. En el otro extremo, Querétaro registraba 3.63%, Nuevo León 4.28% y Ciudad de México 4.53%.
Lo más interesante es que varios de los estados con los mayores porcentajes en 2025 se encuentran también entre aquellos donde se produjeron las reducciones más importantes. Tabasco pasó de 22.12 a 15.32%, una disminución de 6.80 puntos porcentuales. Oaxaca descendió de 15.89 a 10.13%, es decir, 5.76 puntos. Guerrero pasó de 14.55 a 9.63%, una reducción de 4.92 puntos, mientras Chiapas descendió de 11.69 a 7.70%, casi cuatro puntos.
A partir de los datos, es posible detectar una primera regularidad: los territorios que se encontraban en peores condiciones tendieron, en términos generales, a experimentar las mayores reducciones. En efecto, la correlación entre el porcentaje de hogares con dificultades alimentarias en 2020 y la magnitud de la mejoría alcanzada en 2025 alcanza 0.869. Un modelo lineal elemental muestra que el nivel inicial explica aproximadamente 75.5% de la variación interestatal en la magnitud de las reducciones.
Hay, por tanto, evidencia de una suerte de “convergencia territorial”: las entidades que tenían las peores condiciones en este rubro tendieron a avanzar más. Pero aquí debe hacerse una primera advertencia. La convergencia describe una regularidad; no explica sus causas. Decir que los estados que estaban peor mejoraron más no responde a la pregunta fundamental de por qué mejoraron.
La hipótesis del ingreso
La explicación aparentemente más inmediata se encuentra en la propia formulación de la pregunta del INEGI. Si un hogar tuvo dificultades para acceder a alimentos “por falta de dinero o recursos”, resulta razonable suponer que una mejoría en sus ingresos o recursos económicos debería reducir la incidencia de esa condición.
Y se sabe, por otras fuentes, que durante estos años mejoraron los ingresos de los hogares. La ENIGH 2024 estima que el ingreso corriente promedio trimestral por hogar ascendió a 77,864 pesos, frente a 63,400 pesos en 2020, expresados en pesos de 2024. El ingreso proveniente del trabajo pasó de 40,461 a 51,099 pesos. Además, el trabajo continuó siendo, con mucho, la principal fuente del ingreso corriente de los hogares: en 2024 representaba 65.6% del total. Las transferencias representaban 17.7%.
Se tienen entonces dos hechos concurrentes: aumentaron los ingresos y disminuyó la proporción de hogares con dificultades económicas para acceder a los alimentos.
La tentación consiste en unir inmediatamente ambos fenómenos mediante una relación causal; sin embargo, los datos disponibles sugieren no hacerlo.
Lo que dicen —y lo que no dicen las asociaciones estatales
Para explorar esa hipótesis se relacionó la reducción de las dificultades alimentarias registrada en cada entidad con diferentes indicadores disponibles en los tabulados de la Encuesta Intercensal 2025: proporción de personas ocupadas con ingresos de hasta un salario mínimo; proporción con ingresos superiores a dos salarios mínimos; población ocupada sin ingreso; hogares perceptores de ingresos distintos del trabajo; hogares receptores de programas gubernamentales; jubilaciones y pensiones; transferencias procedentes de otros hogares del país y remesas internacionales.
Aparecieron algunas asociaciones inicialmente sugerentes. Por ejemplo, los estados con mayor proporción de trabajadores que perciben hasta un salario mínimo presentan también mayores niveles de dificultad alimentaria en 2025. La correlación es de 0.360. En sentido inverso, una mayor proporción de trabajadores con ingresos superiores a dos salarios mínimos se relaciona con menores niveles de carencia, aunque la asociación lineal no alcanza por sí sola el umbral convencional de significancia estadística.
La cobertura de programas gubernamentales produce un resultado todavía más interesante. Los estados donde una mayor proporción de hogares recibe estos ingresos son también aquellos donde existe mayor dificultad alimentaria en 2025. Al mismo tiempo, son territorios donde la disminución desde 2020 tendió a ser mayor.
Esto no constituye una paradoja si se considera la lógica de la política social: una mayor presencia de transferencias puede encontrarse precisamente en territorios con mayores niveles de vulnerabilidad. Correlación, en este caso, podría reflejar focalización y composición territorial, pero no necesariamente el efecto independiente de los programas. Cuando se controla estadísticamente por la situación alimentaria que tenía cada entidad en 2020, la asociación entre cobertura de programas y magnitud de la mejoría deja de ser estadísticamente concluyente.
Con las remesas ocurre algo igualmente ilustrativo. No se encontró una asociación territorial significativa entre la proporción de hogares receptores de remesas y el nivel de dificultad alimentaria en 2025, ni entre las remesas y la magnitud de la reducción ocurrida desde 2020.
Esto no significa que una remesa no mejore la capacidad alimentaria del hogar que la recibe. Significa algo muy diferente: a escala de las entidades federativas, los datos agregados no permiten sostener que los estados con mayor prevalencia de remesas hayan registrado reducciones sistemáticamente mayores.
Casos que se apartan de la regla
Una forma adicional de explorar el fenómeno consiste en preguntarse qué entidades mejoraron más -o menos- de lo que habría sido esperable considerando únicamente su situación inicial.
El procedimiento permite calcular para cada estado una reducción “esperada” a partir de la relación observada entre nivel inicial y cambio posterior. La diferencia entre la reducción realmente registrada y la esperada constituye un residuo. Oaxaca constituye uno de los casos más interesantes. Con una carencia inicial de 15.89%, el modelo habría anticipado una disminución cercana a 4.81 puntos; la reducción observada fue de 5.76. Mejoró casi un punto porcentual más de lo esperado y constituye además una observación estadísticamente influyente.
En el extremo contrario aparecen Campeche y Tamaulipas. Campeche partió de 11.69% y terminó en 9.94%: mejoró 1.74 puntos, considerablemente menos de lo que habría sido esperable según el patrón nacional. Tamaulipas pasó de 7.07 a 6.40%, una reducción de apenas 0.67 puntos. Ambos califican como casos estadísticamente atípicos. Sonora y Michoacán presentan también mejorías inferiores a las esperables, aunque de menor intensidad.
Si los indicadores de ingresos laborales, programas sociales, pensiones o remesas proporcionaran una explicación territorial suficientemente poderosa, sería razonable esperar que ayudaran a entender estos residuos: por qué Oaxaca mejoró más de lo esperado o por qué Campeche y Tamaulipas mejoraron menos. Pero eso tampoco ocurre de manera convincente.
Una vez descontado el efecto estadístico del punto de partida, las correlaciones entre los residuos y la mayoría de las variables de ingreso son muy pequeñas: alrededor de 0.10 para la proporción de ocupados con hasta un salario mínimo; −0.13 para quienes reciben más de dos salarios mínimos; 0.09 para hogares con ingresos no laborales; 0.14 para programas gubernamentales; −0.07 para transferencias nacionales y 0.13 para remesas. No aparece una variable que ordene satisfactoriamente los casos.
El hallazgo de lo que no sabemos
Aquí se encuentra quizá el resultado más relevante de este análisis. Los datos permiten afirmar que entre 2020 y 2025 disminuyó significativamente la proporción de hogares mexicanos que experimentó dificultades para acceder a alimentos por falta de dinero o recursos. Permiten establecer que la reducción ocurrió en las 32 entidades. Permiten mostrar que fue mayor, generalmente, en los estados que partían de peores condiciones. Y permiten identificar territorios que se apartaron significativamente de ese patrón.
Lo que no permiten es establecer, aplicando métodos convencionales, con la información agregada disponible, cuánto de esa reducción se explica por el aumento del ingreso laboral, cuánto por los programas gubernamentales, cuánto por pensiones, cuánto por remesas o cuánto por otras transformaciones económicas y sociales.
No puede concluirse, al menos preliminarmente, que el crecimiento de los ingresos laborales no haya contribuido a mejorar el acceso a los alimentos. Tampoco que las transferencias públicas carezcan de efectos, ni que las remesas sean irrelevantes para los hogares receptores. Esas afirmaciones requerirían vincular las características económicas y las experiencias alimentarias de los mismos hogares y controlar otras características relevantes.
Lo que sí puede sostenerse es en todo caso, esto: con los tabulados agregados disponibles no existen elementos empíricos suficientes para atribuir la reducción observada a alguna de esas fuentes de ingreso de manera independiente.
Y esto importa porque una sociedad no se comprende acumulando correlaciones hasta encontrar una que confirme nuestras intuiciones. También se comprende delimitando rigurosamente aquello que sus instrumentos estadísticos permiten conocer.
La Encuesta Intercensal 2025 constituye una operación estadística de enorme escala: fue levantada en más de 7.3 millones de viviendas y proporciona información representativa a escala nacional, estatal y municipal. Su propósito es actualizar la información del Censo 2020. Precisamente por la importancia de esa fuente conviene no pedirle que responda preguntas para las cuales los tabulados agregados no fueron diseñados.
México llega así a 2025 con una noticia social favorable: una proporción significativamente menor de sus hogares declara haberse quedado sin alimentos por falta de dinero o recursos. Sin embargo, millones de hogares continúan enfrentando esa experiencia y las desigualdades territoriales siguen siendo enormes.
Hay, además, una pregunta abierta. Sabemos que disminuyó la carencia. Sabemos dónde disminuyó. Sabemos dónde disminuyó más y dónde menos. Sabemos también que durante estos años aumentaron los ingresos de los hogares. Pero todavía no contamos, a partir de estos tabulados, con evidencia suficiente para reconstruir el mecanismo que conecta esos procesos.
Reconocer ese límite señala exactamente el lugar donde debería comenzar la siguiente investigación. Porque medir que una realidad ha cambiado es indispensable. Explicar por qué cambió es un problema distinto.
*Investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED), UNAM.
2028. Reconocimiento INEGI al buen uso de la Información estadística, 2020
Este artículo es parte de las entregas del PUED a nuestros lectores