Por presuntamente utilizar convenios de publicidad oficial como mecanismo de presión para influir en los contenidos editoriales de medios de comunicación y favorecer la promoción de determinados actores políticos, el gobierno municipal de Reynosa, encabezado por el alcalde Carlos Peña Ortiz, enfrenta nuevos señalamientos.
Carlos Cortés, comunicador y administrador de Educare Noticias desde hace más de 15 años, denunció públicamente que el coordinador de Comunicación Social del Ayuntamiento, Aldo Hidalgo Escalante, le planteó una serie de condiciones para mantener vigente el convenio publicitario de su medio con el gobierno municipal.
Estas instrucciones especifican no publicar información contra funcionarios municipales, excluir contenidos relacionados con la diputada local Magaly Deandar y favorecer la difusión de Antonio Chávez, coordinador de Servicios Públicos Primarios, así como de la diputada Claudia Hernández.
Afirmó que esas condiciones le fueron comunicadas directamente por Hidalgo Escalante y que, cuando manifestó su desacuerdo, recibió una advertencia sobre la continuidad del convenio.
“Si no te parece, puedes ir el lunes a mi oficina para dar por cancelado el actual convenio de publicidad”, fueron las palabras que, según Cortés, le dirigió el responsable de Comunicación Social.
El señalamiento apunta directamente al manejo de los recursos destinados a publicidad oficial: de acuerdo con la denuncia, la permanencia de un convenio habría quedado vinculada no sólo a la difusión de actividades institucionales del Ayuntamiento, sino a decisiones editoriales sobre quién podía aparecer en el medio y quién debía ser excluido.
“Nunca había recibido tal nivel de censura”, señaló.
Un convenio de publicidad gubernamental incluye la difusión de información relacionada con obras, programas, servicios y acciones de interés público, sin embargo, esa relación comercial no otorga a una autoridad facultades para determinar la línea editorial de un medio.
Frente a las condiciones que asegura haber recibido, Cortés decidió dar por terminada la relación publicitaria con el gobierno municipal.
No realizó más señalamientos puesto que no tiene elementos para determinar quién habría instruido al funcionario municipal a establecer esas condiciones, por lo que evitó atribuir directamente su origen al alcalde.
Sin embargo, hizo un llamado a Carlos Peña Ortiz para que revise lo que ocurre dentro de la Coordinación de Comunicación Social de su administración y esclarezca si las condiciones forman parte de una política institucional o corresponden a decisiones de funcionarios de esa área.
Previo a estos señalamientos, el gobierno de Reynosa ya habría enfrentado acusaciones similares de otros comunicadores, sobre presuntas presiones relacionadas con la cobertura política en el municipio.
Este 27 de septiembre, El Gráfico de Tamaulipas publicó en un espacio de opinión que comunicadores y creadores de contenido habrían recibido presiones desde Comunicación Social municipal para dejar de difundir información relacionada con Magaly Deandar. Entre las medidas señaladas se mencionaron la suspensión o retraso de pagos y la eventual cancelación de convenios publicitarios.
Noticias PC reportó testimonios de representantes de medios que atribuyen a Comunicación Social del municipio una directriz encaminada a reducir o suspender la difusión de información sobre determinados perfiles políticos.
Hasta el momento no se ha hecho pública una instrucción escrita ni una postura oficial que permita confirmar o desmentir la existencia de una política de esa naturaleza.
La coincidencia entre esos señalamientos y el testimonio de Cortés coloca el foco sobre la Coordinación de Comunicación Social, encabezada formalmente por Aldo Hidalgo Escalante y sobre los criterios utilizados para asignar y mantener los convenios de publicidad oficial del Ayuntamiento.
Cortés anunció que Educare Noticias continuará operando y publicando contenidos educativos, de psicología, bienestar e información de interés público, aun sin recursos provenientes del convenio municipal.
Sostiene que condicionar esos recursos a la inclusión o exclusión de determinados actores políticos implicaría intervenir directamente en la pluralidad informativa de Reynosa.
Este tipo de señalamientos deben ser tratados por el gobierno municipal y aclarar si las instrucciones que atribuye al coordinador de Comunicación Social constituyen una actuación individual o forman parte de criterios establecidos dentro de la administración actual.