Agresión sexual infantil — En la presentación del estudio Factores Asociados al Delito Sexual (2026), elaborado por la organización civil Reinserta, en colaboración con el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, especialistas destacaron que la prevención de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes requiere acciones que involucren a las familias, las escuelas, las instituciones de salud y las autoridades, incluyendo intervenciones especializadas para quienes cometen estos delitos.
Los investigadores presentaron resultados de una investigación que involucró a 511 personas privadas de la libertad por este tipo de delitos contra menores, adolescentes y personas adultas. El análisis exploró características sociodemográficas, indicadores de salud mental, antecedentes de la infancia y adolescencia, consumo de sustancias y aspectos psicosociales.
Uno de los principales enfoques fue que no existe un perfil único que permita identificar a una persona que comete una agresión sexual contra menores de edad. Asimismo, los especialistas acentuaron que las características encontradas se deben a la población estudiada y no deben utilizarse para estigmatizar a personas por su condición económica, escolaridad, historia familiar o experiencias de infancia.
Según el informe presentado, 96.3 por ciento de las personas participantes eran hombres y 3.7 por ciento, mujeres. La edad promedio fue de 43.8 años, aunque se identificaron diferencias entre los grupos acorde al tipo de delito sexual cometido.
En cuestión de escolaridad, 43.2 por ciento concluyó la secundaria, 23.9 por ciento cursó el bachillerato y 21.3 por ciento terminó la primaria. Asimismo, 54.8 por ciento reportó no tener pareja al momento de la evaluación.
ENTIDADES
Respecto al nivel socioeconómico, 51.9 por ciento se ubicó en el nivel bajo, 44.2 por ciento en el medio y 3.9 por ciento en el alto, de acuerdo con la clasificación de la investigación.
La muestra se recopiló en centros penitenciarios de 8 entidades del país: Baja California, Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Oaxaca y Quintana Roo.
Los investigadores puntualizaron que el estudio se realizó con personas sentenciadas y privadas de la libertad, así que, sus resultados no representan a quienes cometen delitos sexuales y no son denunciados, investigados o sancionados.
SALUD MENTAL
En el apartado de salud mental, la investigación encontró que 13.5 por ciento de las personas evaluadas presentó síntomas depresivos en los instrumentos de tamizaje; 8.2 por ciento registró síntomas de ansiedad de moderados a graves, y 4.5 por ciento obtuvo resultados que ameritaban una evaluación clínica más profunda por posibles síntomas asociados con episodios de manía.
Por otra parte, 26.4 por ciento presentó síntomas compatibles con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), mientras que 7.2 por ciento tuvo un resultado positivo en el tamizaje de estrés postraumático.
En cuanto a posibles trastornos parafílicos, 3.1 por ciento de la muestra obtuvo un resultado positivo en los instrumentos de evaluación.
La investigación arrojó que estos instrumentos precisan síntomas que pueden requerir una valoración clínica, pero no suponen por sí mismos diagnósticos médicos ni demuestran que una condición de salud mental haya ocasionado la comisión de un delito.
SUSTANCIAS
El consumo de sustancias fue examinado y reveló que 83.4 por ciento de los analizados consumió alguna sustancia a lo largo de su vida. Las más frecuentes fueron alcohol, con 74.2 por ciento; tabaco, con 65.8 por ciento, y cannabis, con 31.9 por ciento.
Los investigadores enunciaron que estos resultados deben interpretarse en el contexto de la población estudiada, sin establecer relaciones causales que la metodología no permite demostrar.
El estudio expuso experiencias y comportamientos durante las primeras etapas de la vida. Dentro de los antecedentes reportados figuraron haber tomado dinero u objetos de poco valor que no les pertenecían, verse envueltos en riñas y tomar mercancía de una tienda sin pagarla.
El 25.7 por ciento reconoció haber agarrado dinero u objetos con un valor de 50 pesos o menos; 23.2 por ciento indicó haber participado en peleas, y 19.4 por ciento mencionó haber tomado mercancía de una tienda sin pagarla. La edad promedio de inicio de estas conductas fue de 13 años.
En el análisis de características psicosociales, de 511 participantes que completaron la evaluación correspondiente, 52 por ciento presentó niveles bajos de empatía, 45.3 por ciento demostró niveles medios o normales y 2.7 por ciento cuenta con niveles altos.
Sin embargo, las diferencias entre los grupos clasificados de acuerdo el tipo de delito sexual cometido no fueron estadísticamente significativas en la evaluación de empatía.
MALTRATO
Los especialistas resaltaron experiencias adversas durante la infancia, como haber presenciado violencia, recibido maltrato físico o emocional y carecido de una persona adulta de confianza a quien acudir.
Estos antecedentes fueron analizados siendo parte de las experiencias y características de la población estudiada, no como elementos que, por sí solos, puedan predecir conductas delictivas futuras.
La investigación integró una fase cualitativa con entrevistas en profundidad a 21 personas privadas de la libertad: 14 sentenciadas por delitos sexuales contra niñas y niños y siete por delitos contra adolescentes.
Los resultados presentados reflejaron que, solo 11 de los 21 entrevistados admitieron abiertamente haber cometido el delito por el que recibieron sentencia.
Las entrevistas plasmaron la manera en que los participantes explicaban sus acciones, comprendían el consentimiento, reconocían el impacto en las víctimas y asumían la responsabilidad por el daño causado.
TESTIMONIOS
En los relatos, los investigadores distinguieron respuestas centradas en las circunstancias de los hechos y, en algunos casos, declaraciones que trasladaban la responsabilidad a las víctimas o interpretaban erróneamente comportamientos de niñas, niños y adolescentes como muestras de consentimiento.
Adicionalmente, observaron dificultades para aceptar la gravedad de las agresiones y sus consecuencias. En algunas narrativas, el daño se relacionaba con las consecuencias personales del encarcelamiento, como la separación familiar.
Los especialistas enfatizaron que estos hallazgos concuerdan a un grupo reducido de entrevistados y no pueden generalizarse a todas las personas que cometen delitos sexuales.
CASTRACIÓN QUÍMICA
En la conferencia, el investigador del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Nicolás Martínez, aseguró que los resultados no respaldan la idea de que las personas que cometen agresiones sexuales tengan un trastorno mental. De tal modo, puso en duda las propuestas que presentan la castración química como una solución general para prevenir estos delitos.
Martínez detalló que la administración de fármacos para inhibir determinadas hormonas no sustituye la atención psicoterapéutica ni garantiza que una persona no vuelva a cometer una agresión después de recuperar su libertad.
Subrayó que en México hace falta formación especializada para atender a personas sentenciadas por delitos sexuales, así como programas individualizados que propicien trabajar sus creencias, conductas y comprensión del daño ocasionado.
Martínez comunicó que la reinserción social debe considerar intervenciones adecuadas y seguimiento, en lugar de limitarse al cumplimiento de una pena de prisión. De la misma manera, apuntó la importancia de la reparación del daño desde una perspectiva de derechos humanos.
PREVENIR VIOLENCIA SEXUAL
La directora de incidencia de Reinserta, Sofía Martínez, hizo recomendaciones dirigidas a autoridades de los ámbitos municipal, estatal y federal, al igual que a la población.
Sobre materia de prevención primaria, propuso desarrollar campañas de comunicación adaptadas a distintas edades y públicos, añadir contenidos educativos sobre consentimiento, autonomía corporal y relaciones saludables, y brindar talleres a madres, padres y personas cuidadoras sobre crianza positiva.
Para la prevención secundaria, ideó establecer mecanismos escolares de detección y respuesta ante situaciones de violencia, rutas de coordinación entre instituciones y servicios especializados de orientación y atención temprana.
En cuanto a la prevención terciaria, sugirió implementar programas psicológicos especializados en centros penitenciarios, realizar evaluaciones individuales y elaborar planes de reinserción acordes con las características de cada persona. Comentó la necesidad de dar seguimiento después de la liberación y gestionar los riesgos de reincidencia.
Martínez Cas agregó que las escuelas necesitan protocolos claros, capacitación y acompañamiento para acatar situaciones de violencia sexual contra menores de edad.
REFORZAR VIGILANCIA
Por tal motivo, llamó a la ciudadanía a promover una cultura de consentimiento, cuestionar creencias que minimizan las agresiones, fortalecer la vigilancia comunitaria y mantener espacios de diálogo sustentados en evidencia científica.
La cofundadora y vicepresidenta del Museo Memoria y Tolerancia Mili Cohen, remarcó la importancia de romper el silencio en torno a la violencia sexual contra la infancia. En el marco de la exposición “Infancias en Silencio”, sostuvo que la prevención requiere herramientas para identificar riesgos, acompañar a las víctimas y fortalecer la responsabilidad de la población adulta.
A su vez, la cofundadora y directora de Reinserta, Saskia Niño de Rivera, precisó que el objetivo de la investigación no es justificar a quienes cometen estos delitos, ya que sirve comprender los factores relacionados con ellos para equiparar oportunidades de prevención.
Niño de Rivera cuestionó que la responsabilidad de protegerse recaiga sobre niñas, niños y adolescentes, y suscitó que los adultos deben contar con información y herramientas para prevenir la violencia.
En conjunto, los resultados y recomendaciones presentados apuntan a robustecer la prevención desde las familias y las escuelas, mejorar la detección temprana, ampliar la atención especializada y desarrollar estrategias de reinserción social. Los investigadores recalcaron que el estudio no diseña un perfil universal de los agresores, sino evidenciar elementos que ayuden a crear políticas públicas y nuevas líneas de investigación.
La Crónica de Hoy 2026