Amnistía Internacional (AI) advirtió que el nuevo informe presentado por el Gobierno de México relacionado con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa no garantiza el acceso de las familias a la verdad, al regresar a una narrativa centrada en actores locales y omitir la responsabilidad de órganos de seguridad nacionales.
La organización manifestó su preocupación por la falta de información sobre la relación de las Fuerzas Armadas y de las cadenas de mando político en estos hechos.
Además, pidió al Gobierno mexicano no sustituir los hallazgos previos con “nuevas narrativas” que centren la explicación de los hechos únicamente en el ámbito local.
“Desde Amnistía Internacional advertimos que abrir nuevas líneas de investigación no debe implicar que se cierren u omitan aquellas que continúan pendientes ni sustituye la obligación del Estado mexicano de esclarecer integralmente todas las acciones y omisiones de agentes estatales relacionadas con el caso”, declaró la directora ejecutiva de AI en México, Edith Olivares Ferreto.
Segob presentó un nuevo reporte sobre el caso
Tras 12 años de la noche de los hechos, la Secretaría de Gobernación (Segob) presentó este lunes un nuevo reporte gubernamental que incluye el análisis de llamadas telefónicas, la ubicación de 17 personas de interés y la vinculación a proceso de actores locales por la alteración y presunta eliminación de evidencias.
AI pide una investigación independiente
Amnistía Internacional enfatizó que la investigación debe ser “seria e independiente” para esclarecer la actuación de agentes de procuración de justicia, de las policías y de las Fuerzas Armadas en todos los niveles.
“Si la nueva etapa de la investigación pretende sustentarse en evidencia científica y verificable, el primer requisito debe ser garantizar acceso a toda la evidencia existente”, agregó la directora ejecutiva.
GIEI y CIDH documentaron irregularidades
AI recordó, además, que los aportes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) permitieron identificar “graves irregularidades” que deben ser profundizadas para reconstruir los vínculos de las fuerzas de seguridad con grupos criminales en Guerrero.
La postura de la organización busca fortalecer la exigencia de los familiares de las víctimas y de organismos internacionales para que se esclarezcan los hechos y se investigue la responsabilidad de diferentes grupos delictivos y políticos implicados en las desapariciones de los estudiantes.