Entre la reproducción de parodias a Morena y pancartas que advertían de cárcel, el pleno del Senado aprobó la reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que impone hasta cinco años de cárcel y hasta un millón 173 mil pesos de multa cuando los memes y contenidos digitales sean utilizados para fraude con identidad gubernamental y piratería comercial.
La reforma provocó gran polémica entre la oposición, que la calificó como una “Ley Antimemes” y advirtió que abrirá la puerta a sanciones de cárcel contra contenidos de parodia, sátira o crítica difundidos en redes sociales.
“Estas esposas, los mafiosos de la bancada de Morena, se las van a poner a los creadores de contenido que hagan memes, a los que hagan parodias, a los que se rían”, acusó la senadora del PAN, Lilly Téllez.
En respuesta, el oficialismo ironizó y defendió el dictamen.
“Si la oposición del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano son un meme con patas, ¿tenemos que meterlos a la cárcel por caricaturizarse a sí mismos porque no tienen seriedad?”, ironizó el senador morenista Gerardo Fernández Noroña.
¿Qué establece la reforma “antimemes”?
El dictamen adiciona el artículo 403 Bis para sancionar la utilización, reproducción, imitación o incorporación, a escala comercial, de la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos de carácter oficial pertenecientes a instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno.
La conducta sería considerada delito cuando esos elementos se utilicen para inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito, particularmente cuando se pretenda hacer pasar como oficial una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático o cualquier otra actuación atribuible a una institución pública.
El paquete también contempla sanciones contra la reproducción, distribución, venta y explotación no autorizada de obras, así como contra la elusión de medidas tecnológicas de protección.
Uno de los nuevos delitos establece penas de cuatro a diez años de prisión y de dos mil a 20 mil días multa para quien, sin autorización, divulgue, publique, comunique o distribuya obras, fonogramas, videogramas o libros antes de su lanzamiento oficial o de su primera puesta a disposición autorizada en México.
El punto que generó especial atención fue su posible impacto en contenidos digitales, incluidos los memes y materiales satíricos que utilizan logotipos, diseños o elementos visuales de dependencias gubernamentales. Incluso provocó que se desplegaran mantas en el pleno con la leyenda: “Criticar al gobierno es igual a cárcel”.
Sin embargo, el texto del dictamen establece elementos específicos para que se configure el delito: la conducta debe realizarse a escala comercial, existir una intención de inducir al error o engaño y estar vinculada con la intención de cometer un ilícito.
Por ello, la disposición no plantea una sanción automática por elaborar o difundir un meme.
Para quien incurra en la conducta prevista, el dictamen contempla cinco años de prisión y una multa de mil a 10 mil UMA, es decir, de 117 mil 310 a un millón 173 mil 100 pesos.
Así fue el debate por la libertad de expresión
El contenido de la reforma generó un fuerte debate entre las bancadas por los posibles efectos del artículo 403 Bis sobre la libertad de expresión.
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, explicó que la ley busca impedir fraudes y suplantaciones, y no sancionar la crítica, la sátira o la parodia política.
“Que quede claro que la crítica, la sátira y el debate público pertenecen a una democracia, pero hacerse pasar por una institución para engañar es otra cosa”, secundó el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron que la redacción puede generar riesgos para periodistas, caricaturistas, creadores de contenido y ciudadanos que utilizan imágenes oficiales con fines satíricos o de crítica política.
Alejandra Barrales, vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, sostuvo que la disposición podría afectar la libertad de expresión.
“En realidad, lo que quiere la mayoría, lo que quiere concretamente Morena, es hacerse del control de lo que se dice, de lo que se comenta, de lo que se ve y de lo que se escucha en línea. La libertad de expresión en Internet y en las redes sociales hoy está bajo asedio también en nuestro país”, aseveró.
Mientras, Manuel Añorve, coordinador del PRI, cuestionó que no se establezcan exclusiones expresas para el periodismo, la parodia, la caricatura y la crítica política.
“Combatir el fraude no se puede convertir en un pretexto para perseguir a la crítica”, indicó.
Desde el PAN, María Guadalupe Murguía y María de Jesús Díaz coincidieron en que combatir la falsificación y el fraude es necesario, pero señalaron que los conceptos utilizados en el tipo penal podrían resultar demasiado amplios.