Expertos de Naciones Unidas en derechos humanos exigieron al Gobierno de México reforzar la protección de las madres buscadoras, ante los niveles “alarmantes” de violencia que enfrentan, así como asesinatos y desapariciones forzadas.
Los especialistas de la ONU señalaron que las mujeres buscadoras enfrentan riesgos específicos por razón de género y advirtieron que las agresiones ocurren en un contexto de “impunidad casi total”.
Como ejemplo, recordaron hechos recientes registrados en Sinaloa, entre ellos la desaparición de la defensora Elisa Altagracia Bonilla; la agresión contra la fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, Alma Rosa Rojo Medina, quien fue atacada junto con su hija, así como el asesinato de Rubí Gómez-Tagle, integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa.
Ante esta situación, los expertos subrayaron que la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación de estos casos son responsabilidades que corresponden al Estado y no pueden recaer sobre las familias.
No obstante, destacaron que las autoridades deben garantizar la participación efectiva de los familiares en los procesos de búsqueda, conforme a sus derechos.
Los representantes de Naciones Unidas también instaron al Gobierno mexicano a reconocer públicamente la relevancia de la labor que realizan las mujeres buscadoras y a fortalecer las condiciones de seguridad para que puedan desarrollar sus actividades sin poner en riesgo su vida e integridad.
Asimismo, celebraron la aprobación por parte de la Asamblea General de la ONU de una resolución que establece el 19 de diciembre como Día Internacional en Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas.
De acuerdo con los expertos, esta decisión representa un reconocimiento formal a la fortaleza, las voces, la capacidad de acción y el liderazgo de las mujeres que participan en la búsqueda de personas desaparecidas.
La declaración fue suscrita por Andrea Bolaños Vargas, relatora sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Morris Tidball-Binz, relator sobre ejecuciones extrajudiciales; Grażyna Baranowska, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, y Claudia Flores, presidenta del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, además de integrantes de ambas instancias.
Los expertos insistieron en que el Estado debe asumir plenamente la responsabilidad de localizar a las personas desaparecidas y garantizar justicia para sus familias, al tiempo que debe proteger a quienes, ante la ausencia de respuestas institucionales, participan activamente en las labores de búsqueda.