El Gobierno de México reiteró su compromiso con las familias de personas desaparecidas y no localizadas, así como con la protección de quienes participan en labores de búsqueda, y condenó cualquier acto de violencia contra personas buscadoras e integrantes de colectivos.
La postura fue difundida en respuesta a un comunicado de cuatro expertos de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El Gobierno precisó que estos expertos actúan de manera independiente y a título personal, por lo que sus opiniones no representan formalmente la posición de la ONU.
En su respuesta, el Estado mexicano reconoció que persisten desafíos en materia de búsqueda, investigación, identificación humana y acceso a la justicia, pero sostuvo que en los últimos años se han impulsado reformas legales, políticas públicas y mecanismos institucionales para atender la problemática.
Asimismo, señaló que la cooperación internacional forma parte de estos esfuerzos y destacó el trabajo conjunto con agencias de Naciones Unidas, entre ellas la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), además de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
México rechaza que exista un patrón contra personas buscadoras
El Gobierno federal afirmó que la información disponible no acredita la existencia de un patrón estatal ni recurrente de desaparición forzada de personas buscadoras.
También aseguró que cada denuncia de desaparición debe ser atendida con la debida diligencia y recordó que autoridades federales han recorrido distintas regiones del país para dialogar directamente con familias buscadoras y organizaciones que las acompañan.
La respuesta ocurre después de que mecanismos de Naciones Unidas han documentado y comunicado al Estado mexicano preocupaciones relacionadas con desapariciones, personas defensoras y agresiones contra colectivos de búsqueda. En una comunicación de julio de 2026, por ejemplo, expertos de la ONU solicitaron información sobre presuntas deficiencias en la identificación de restos, obstáculos a la reunión pacífica de familiares y ataques digitales contra personas buscadoras.
Diez acciones de la Estrategia Nacional de Búsqueda
El Gobierno destacó la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas, que contempla 10 acciones principales:
- Creación e implementación de la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
- Obligación de abrir una carpeta de investigación desde el primer reporte de desaparición.
- Creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación.
- Creación de la Plataforma Única de Identidad.
- Obligación de que las entidades cuenten con fiscalías y unidades especializadas.
- Fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
- Fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, mediante la incorporación de especialistas y adquisición de equipo.
- Establecimiento de datos mínimos obligatorios en los registros oficiales de personas desaparecidas.
- Coordinación entre las comisiones de búsqueda, las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República.
- Incorporación de las comisiones nacional y estatales de víctimas, además de otras instituciones, al Sistema Nacional de Búsqueda.
La Secretaría de Gobernación informó previamente que el Centro de Mando de la Alerta Nacional coordina a la Comisión Nacional de Búsqueda, la FGR, la SSPC, Defensa, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia para movilizar cuerpos de seguridad, investigación y búsqueda ante un primer reporte de desaparición.
Gobierno promete atención y cooperación internacional
El Gobierno de México sostuvo que la búsqueda de personas desaparecidas constituye una obligación primaria e irrenunciable de las instituciones públicas y afirmó que existe un marco jurídico para prevenir, investigar, sancionar y reparar los daños relacionados con este delito, incluida la protección de personas defensoras de derechos humanos.
También señaló que trabaja con la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales para investigar las agresiones contra personas buscadoras y evitar que queden impunes.
La administración federal reiteró que la desaparición de personas es una de sus prioridades nacionales y manifestó su disposición a mantener el diálogo con los mecanismos internacionales de derechos humanos, así como a compartir información objetiva y verificable sobre las acciones emprendidas.
La cooperación con familias y colectivos también ha sido reportada por la FGR, que en septiembre informó sobre reuniones con organizaciones de búsqueda para atender sus planteamientos y dar seguimiento a investigaciones relacionadas con personas desaparecidas.