La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, conocida como ‘ley antimemes’, busca combatir fraudes cometidos con inteligencia artificial, como la suplantación de funcionarios o instituciones públicas. Rechazó que la medida tenga como finalidad censurar memes o expresiones críticas.
El proyecto, explicó, busca actualizar las disposiciones legales frente al desarrollo de tecnologías que permiten manipular imágenes, voces y videos para hacerlos pasar por contenidos auténticos y utilizarlos posteriormente en esquemas de estafa financiera.
Las conductas que se pretende tipificar y sancionar son el uso no autorizado de la identidad de servidores públicos e instituciones mediante IA u otros soportes tecnológicos cuando estas herramientas sean utilizadas para perpetrar ciberdelitos.
La mandataria puso como ejemplo la creación de videos falsos en los que se utiliza la imagen y la voz de titulares de dependencias federales. Mencionó el caso de materiales apócrifos que podrían emplear la identidad de funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En este tipo de contenidos, la apariencia y la voz de un servidor público pueden ser manipuladas para presentar mensajes que aparenten ser oficiales. El objetivo, señaló la Presidenta, puede ser convencer a las personas de depositar recursos en cuentas bancarias fraudulentas mediante la oferta de supuestas inversiones.
Actualizar las herramientas contra el fraude digital
La iniciativa plantea modificar el marco jurídico federal para que las autoridades ministeriales cuenten con elementos legales que permitan investigar y perseguir este tipo de conductas.
El planteamiento parte del acelerado desarrollo de las herramientas digitales y de su utilización para crear materiales capaces de imitar con precisión la identidad de personas e instituciones.
La administración federal sostiene que estos mecanismos son aprovechados por redes criminales para explotar la confianza que la población deposita en las instituciones públicas y utilizarla como vía para cometer fraudes.
Ante las versiones que relacionaron la propuesta con una posible restricción a la libertad de expresión, la Presidenta estableció que el alcance de las modificaciones debe entenderse a partir de las conductas delictivas que se busca combatir.
En ese sentido, la reforma pretende concentrar la acción penal en casos de fraude y usurpación de identidad, sin dirigirla contra la crítica ciudadana, la sátira política o las expresiones de carácter político.
Sheinbaum enfatizó así que la discusión legislativa se centra en establecer responsabilidades frente al uso ilícito de tecnologías que permiten fabricar identidades y mensajes falsos con apariencia de autenticidad.
El paquete remitido al Congreso comprende modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, con el objetivo de adecuar las disposiciones existentes a las nuevas formas de comisión de delitos mediante herramientas tecnológicas.
Cabe selalar que el Senado aprobó, con 72 votos a favor y 34 en contra, dichas reformas.