La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que las nuevas investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa tengan como propósito construir una segunda “verdad histórica” y sostuvo que las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR) se apoyan en evidencia científica y en el análisis de información que no había sido investigada suficientemente.
A 12 años de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, la mandataria afirmó que el objetivo de la investigación es esclarecer qué ocurrió la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, así como determinar responsabilidades y avanzar en la localización de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Claudia Sheinbaum señaló que existe comunicación con las madres y padres de los normalistas y aseguró que éstos han manifestado su acuerdo con el procedimiento que actualmente se desarrolla.
Ante las dudas sobre una posible fabricación de pruebas o una eventual vulneración de los derechos de personas detenidas o señaladas por el caso, la presidenta sostuvo que las actuaciones deben mantenerse dentro del marco legal.
“No tiene que haber preocupación con eso porque se está cumpliendo con la ley y en un caso tan delicado jamás se va a fabricar una prueba, sería gravísimo”, afirmó.
La FGR dio a conocer el pasado 28 de septiembre cuatro nuevas líneas de investigación. Una de ellas deriva del análisis de comunicaciones realizadas durante la noche de la desaparición, con el que fueron identificados 17 nuevos objetivos de investigación.
Otra línea contempla la revisión de teléfonos utilizados por algunos de los estudiantes después de su desaparición.
A ello se suma un nuevo análisis documental de los expedientes, que permitió identificar a una persona que presuntamente habría participado en los hechos y que tenía 14 años en ese momento.
La cuarta vertiente está relacionada con el posible ocultamiento de videograbaciones de cámaras de seguridad del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero correspondientes a la noche en que desaparecieron los jóvenes.
Según lo expuesto por Sheinbaum, parte de las nuevas pesquisas también contempla comunicaciones entre personas que las autoridades consideran relacionadas con los hechos, entre ellas integrantes de Guerreros Unidos y propietarios de la funeraria El Ángel.
En ese contexto aparece un estudiante de nutrición identificado como Irving “N”, cuya familia rechazó los señalamientos y negó conocer a las personas mencionadas por las autoridades.
La presidenta remarcó que las personas señaladas tienen derecho a defenderse y presentar pruebas, mientras corresponde a los jueces determinar si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades.
Al referirse a la investigación realizada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Sheinbaum cuestionó que buena parte de ésta se hubiera sustentado en testimonios.
“La mayor parte de la primera investigación estaba basada en testimonios”, señaló, al recordar que varias personas detenidas durante ese periodo quedaron en libertad después de que un juez determinara que habían sido torturadas.
La mandataria también se refirió al exprocurador Jesús Murillo Karam, al señalar que fue detenido y posteriormente obtuvo prisión domiciliaria por determinación judicial, dentro del proceso relacionado con la investigación del caso.
Sheinbaum insistió en que la actual etapa pretende ampliar las pesquisas mediante el reanálisis de expedientes, registros telefónicos y otros elementos, con el propósito de esclarecer el paradero de los 43 estudiantes y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.