
Ante los 181 asesinatos de periodistas documentados en México desde 2000, el diputado federal del PRI, Rubén Moreira, propuso reforzar los mecanismos de prevención y protección para comunicadores en riesgo, así como las investigaciones de los delitos cometidos contra quienes ejercen el periodismo.
La iniciativa fue presentada a través de un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación, a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a realizar evaluaciones de riesgo oportunas, mantener un seguimiento permanente de los casos y actualizar las medidas de protección conforme cambien las condiciones de cada persona.
El legislador, también coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, señaló que el mecanismo federal tiene entre sus atribuciones implementar medidas de prevención, protección y protección urgente para periodistas y personas defensoras que se encuentren en situación de riesgo.
Detalló que, de acuerdo con ARTICLE 19, de los 181 asesinatos de periodistas registrados desde 2000, 47 ocurrieron durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y 14 durante la actual administración de Claudia Sheinbaum, con corte al 22 de julio de 2026.
El caso más reciente registrado por la organización es el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido el 22 de julio en Oaxaca.
Además de las medidas de protección, Moreira solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a las autoridades estatales reforzar las acciones preventivas en regiones donde existan mayores riesgos para el ejercicio periodístico.
El planteamiento también incluye a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y a las fiscalías locales, a las que pidió fortalecer las investigaciones de homicidios, desapariciones y amenazas contra periodistas, incluyendo en todos los casos la línea relacionada con su actividad profesional.
Moreira sostuvo que las autoridades locales tienen un papel relevante porque suelen ser las primeras en conocer las amenazas que enfrentan los comunicadores en sus territorios, por lo que consideró necesario que cuenten con protocolos para recibir denuncias, evaluar riesgos y mantener comunicación con las personas beneficiarias.
“La violencia no se frena únicamente con esquemas de protección para las víctimas, sino con investigaciones diligentes y efectivas”, afirmó el legislador.