Desde la Cámara de Diputados el grupo parlamentario del PT presentó reformas al Código Penal Federal para establecer sanciones de cinco a doce años de prisión y de quinientos a mil quinientos días multa, a quien, ejerciendo legalmente la patria potestad de una niña, niño o adolescente, permita o facilite su participación en actividades delictivas.
El diputado del PT, José Antonio López Ruiz, propuso reformar el Código Penal Federal para crear el delito de “incumplimiento de los deberes de cuidado respecto de personas menores de edad”, con sanciones de 500 a mil 500 días multa.
La propuesta busca sancionar a quienes, teniendo la obligación legal de proteger, educar, orientar y vigilar a una persona menor de 18 años, permitan, toleren o faciliten dolosamente su participación en delitos.
El proyecto contempla también sancionar a quien proporcione o permita el acceso de un menor a armas de fuego, municiones, explosivos, narcóticos, vehículos, recursos económicos u otros medios destinados a facilitar la comisión de delitos como homicidio, feminicidio, secuestro, extorsión, delincuencia organizada y delitos contra la salud.
La medida también abarcaría trata de personas, desaparición forzada o cometida por particulares, terrorismo y delitos relacionados con armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, entre otros ilícitos cuya pena máxima sea igual o superior a 15 años de prisión.
La sanción podría aumentar hasta en una mitad cuando el responsable obtenga un beneficio económico derivado de las actividades realizadas por el menor, cuando éste sea incorporado o utilizado por una organización delictiva, o cuando la persona responsable haya participado previamente en la planeación, preparación o ejecución del delito.
El incremento también aplicaría si existen dos o más menores involucrados o si la conducta de quien tiene el deber de cuidado se realiza de manera reiterada.
El proyecto establece límites para evitar que la responsabilidad penal se atribuya únicamente por el parentesco. El Ministerio Público tendría que acreditar tanto la existencia del deber jurídico de cuidado como una conducta dolosa atribuible a la persona imputada.
Es decir, la propuesta señala expresamente que no podría presumirse responsabilidad penal por el simple hecho de ser padre, madre o tutor, ni por la sola comisión de un delito por parte del menor.
En caso de existir una sentencia firme contra quien ejerza la patria potestad, tutela, guarda o custodia, el proyecto plantea dar vista a las autoridades en materia familiar y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para determinar posibles medidas de protección y, en su caso, la suspensión, limitación o pérdida de esos derechos.
López Ruiz argumentó que actualmente no existe un tipo penal específico para sancionar el incumplimiento grave de los deberes de cuidado cuando éste se convierte en un factor determinante para la incorporación de un menor a actividades criminales.
El legislador sostuvo que la reforma busca fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes y generar herramientas para prevenir su reclutamiento por organizaciones criminales, sin trasladar a sus familiares la responsabilidad por los delitos que eventualmente cometan los menores.