A un año de que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CTR) inició operaciones como organismo desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital, el sector de las telecomunicaciones no sólo registra la reactivación de medidas regulatorias que el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) había postergado o abandonado sino que un grupo de consultores, ex funcionarios y analistas reactivaron su actividad a la espera de que se concrete el periodo de licitaciones del espectro radioeléctrico para comunicaciones inalámbricas así como el descuento de 12% para los derechos por uso de este bien público propuesto en la proyecto de Ley de Ingresos de la Federación.
“Con la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), la agenda del espectro ocupa un lugar central en la política pública del sector”, escribió en una de sus columnas el abogado Rolando Guevara, presidente de la Cámara de Pequeños Operadores (CAPOT).
Así, desde la asesoría a operadores de telefonía celular para cumplir con los lineamientos para la identificación de líneas que entró en vigor a sólo dos meses de que la CRT comenzó sus funciones como organismo regulador del sector en octubre del año pasado, hasta labores de cabildeo para empresas estadounidenses desde espacios de opinión en medios de comunicación o en emergentes páginas de internet que buscan simular la cobertura de las prensa que cubre este sector, se busca participar e influir en la agenda del regulador en medio de consultas públicas y aplicación de lineamientos.
En opinión de Jorge Flores Kelly, director de Aporta Consultoría Estratégica, la renovada interacción tiene mucho que ver con el cambio de arquitectura del sector.
“El ecosistema se formó alrededor de un solo interlocutor que concentraba regulación y competencia; hoy hay tres, con mandatos distintos, y todos, incluido el regulador, están aprendiendo a interactuar de nuevo. También cambió la lógica”, explicó Flores Kelly al referirse a la CRT, a la Comisión Nacional Antimonopolios y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
“El acento está ahora en abrir la entrada, licitando espectro por regiones y para operadores pequeños, más que en regular al operador dominante después del hecho. En ese esquema, la influencia que rinde es la que participa en las decisiones con argumentos técnicos. El cabildeo siempre va a existir y es parte natural de cualquier sector regulado. Las empresas que mejor lean este nuevo mapa serán las que más aprovechen la nueva etapa”, destacó.
Despachos de abogados, consultorías y hasta exfuncionarios del IFT y COFETEL han encontrado como campo de trabajo comentarios, análisis y publicaciones en redes sociales sobre la actuación de la CRT.
Los ex funcionarios del IFT, muchos de los cuales hasta hace algunos meses trabajaban en la CRT con acceso a información del regulador, no enfrentan restricciones legales para ofrecer sus servicios como consultores porque una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2022 consideró como inconstitucional la limitación, por un lapso de diez años, de que ex funcionarios públicos pudieran trabajar en empresas del sector privado relacionadas con el sector en el que laboraban, a pesar del evidente conflicto de interés. Así, se declaró inconstitucional el artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR), promulgada hace más de siete años.
Consultores deben afinar la mira
Después del estancamiento en la toma de decisiones que generó el anuncio de que la reforma al marco legal del sector de las telecomunicaciones en 2025 resultaría en la extinción del IFT, las consultorías, los despachos de abogados y las unidades de negocios en grandes firmas legales entraron en pausa en espera del nuevo regulador. La situación cambió desde diciembre de 2025 cuando se anunció para enero, la entrada en vigor medidas regulatorias para que las empresas telefónicas vincularan millones de chips anónimos y que, según datos del regulador, ya representa un registro más de 90 millones de líneas, de un total de más de 120 millones. Así, los consultores se equivocaron al asegurar que el registro de líneas sería un fracaso y que las compañías perderían dinero con estos lineamientos.
En medio de la digitalización de la economía y, con un crecimiento superior al Producto Interno Bruto (PIB), el sector de las telecomunicaciones en nuestro país está liderado por operadores de telefonía que registran resultados récord en su operación en términos de utilidades. Incluso, América Móvil está registrando sus mejores resultados en los últimos dos años mientras la estadounidense AT&T depura su base de clientes para aumentar su facturación.
Por ejemplo, al cierre del primer trimestre de 2026, periodo que coincide con el arranque del registro de líneas, América Móvil reportó a sus inversionistas del mercado de valores que, durante el primer trimestre de 2026, el mercado mexicano de telefonía móvil presentó una cambio en su base de usuarios de líneas de prepago anónimas a servicios bajo contrato o de pospago, cerrando marzo con 84.3 millones de suscriptores, lo que representa una ligera disminución del 0.5% respecto a los 84.7 millones registrados al cierre de diciembre de 2025.
A pesar de esta mínima reducción en el volumen total de líneas, el cambio regulatorio y la eficiencia operativa de las empresas permitió que los ingresos por servicios móviles de América Móvil crecieran en México un 5.7% anual, impulsando el ARPU (promedio de ingresos por usuario) a 187 pesos, su mejor desempeño en dos años. Los consultores y “analistas” de este sector aseguraban que los lineamientos para vincular líneas representarían una drástica caída en las utilidades de este sector.
Desde licitaciones del espectro para uso industrial, hasta licitaciones de redes de microondas, el director de Scotiabank Global Banking & Markets, Andrés Coello, aseguró en un reporte para los clientes del banco que la CRT está usando las licitaciones del espectro y la política regulatoria para impulsar la competencia y la conectividad en todo el territorio nacional.