Ante el crecimiento del turismo o comercio sexual en menores de edad, el Senado aprobó por unanimidad de votos una reforma que obliga a establecimientos desde hoteles, moteles y quienes prestan servicios turísticos a aplicar protocolos preventivos y verificar la relación de los adultos acompañados de niñas, niños o adolescentes, que pretendan utilizar sus servicios.
Cuando una persona adulta pretenda acceder a un servicio turístico acompañada de un menor, tendrá que acreditar el parentesco, la patria potestad, tutela, guarda o custodia correspondiente.
El decreto enviado al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, establece que si no puede demostrar ese vínculo, el prestador deberá negar el servicio y dar aviso a las autoridades, una disposición que busca cerrar espacios que pueden ser aprovechados por redes de trata y explotación.
Senadores y senadoras de distintas fuerzas políticas coincidieron en que México no puede permitir que hoteles, moteles, alojamientos, transportes y otros espacios vinculados al turismo sean utilizados para cometer delitos contra la infancia.
La vice coordinadora de MC en el Senado, Alejandra Barrales, advirtió que México enfrenta una problemática grave de explotación sexual infantil y citó estimaciones de entre 17 mil y 20 mil niñas, niños y adolescentes atrapados en redes de explotación.
En ese sentido recordó que México recibió casi 48 millones de turistas extranjeros en 2025 y que, de enero a julio de este año, la cifra se acercó a 29 millones.
La reforma establece que los prestadores de servicios turísticos deberán implementar protocolos y acciones preventivas para detectar la posible comisión de delitos contra menores, bajo el principio del interés superior de la niñez.
La senadora panista Laura Esquivel alertó que la trata infantil opera mediante omisiones y ausencia de protocolos, por lo que los establecimientos ya no pueden limitarse a ser espectadores.
Reconoció que esta medida representa un cambio en la prevención del delito, pues un establecimiento no puede identificar a un agresor por su apariencia, pero sí puede verificar quién es el adulto y cuál es su relación con el menor que lo acompaña.
El PRI a través de la senadora Carolina Viggiano señaló que el problema se presenta en hoteles, rentas vacacionales, transportes y plataformas digitales, donde pueden existir señales de alerta que el personal identifica, pero sin contar hasta ahora con protocolos o respaldo legal suficiente para intervenir.
Con esta reforma—agregó--, el sector turístico se convierte en una primera línea de protección.
Sin embargo, la legisladora advirtió que la modificación legal no será suficiente por sí sola por lo cual planteó que debe acompañarse de capacitación obligatoria para trabajadores del sector turístico, coordinación entre Procuradurías de Protección y fiscalías, así como recursos presupuestales para atender a víctimas y fortalecer las instituciones encargadas de proteger a la infancia.
La senadora Giovanna Bañuelos, recordó que la reforma contempla que cuando una persona adulta pretenda utilizar un servicio turístico acompañada de un menor, deberá acreditar el parentesco, patria potestad, tutela, guarda o custodia correspondiente.
En caso de no comprobarlo, el prestador deberá negar el servicio y dar aviso a las autoridades ante la posible comisión de un delito.
Sostuvo que el sector turístico puede convertirse en una primera línea de protección, al permitir identificar señales de alerta y reportar oportunamente situaciones de riesgo.
Subrayó que la protección de la niñez no debe depender de la voluntad individual, sino de reglas claras y responsabilidades legales.