
El diputado federal y coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, atribuyó la pérdida del reconocimiento de México como país libre de sarampión a los recortes presupuestales y al debilitamiento de las instituciones de salud durante los gobiernos de Morena.
En su programa Con Peras, Manzanas y Naranjas, en el que estuvo acompañado por los especialistas Mario Di Costanzo, Miguel Ángel Sulub y Julián Proa, el legislador sostuvo que las políticas de prevención y vacunación se deterioraron en los últimos años, después de décadas de inversión y construcción de instituciones sanitarias.
Moreira señaló que el anuncio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) refleja deficiencias en la prevención, la vacunación y la vigilancia epidemiológica. Consideró que las decisiones en materia de salud deben sustentarse en criterios científicos y evidencia.
También advirtió sobre el aumento de los gastos que las familias destinan a consultas y medicamentos fuera de las instituciones públicas, ante las dificultades para obtener atención médica.
Mencionó como ejemplo que los consultorios privados adyacentes a farmacias registran alrededor de 10 millones de consultas mensuales. Además, recordó que, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi de 2023, 19 por ciento de las personas que tuvieron una necesidad de salud y recibieron atención acudieron a esos establecimientos.
“Es como si se estuviera privatizando la salud”, expresó el diputado, quien cuestionó las condiciones actuales de los servicios médicos públicos.
Caída en la cobertura de vacunación
Julián Proa recordó que México obtuvo en 2016 el reconocimiento como país libre de sarampión, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando las coberturas de vacunación alcanzaban 93 por ciento en la primera dosis y 90 por ciento en la segunda.
Sin embargo, señaló que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador los porcentajes disminuyeron a 78 y 67 por ciento, respectivamente, lo que, afirmó, redujo la protección de la población frente a la enfermedad.
Proa relacionó el brote registrado entre 2025 y 2026 con la pérdida de ese reconocimiento y mencionó que durante ese periodo se reportaron 50 defunciones. Agregó que dos terceras partes de los casos correspondieron a menores de un año, grupo que todavía no tiene la edad para recibir la primera dosis de la vacuna.
Por su parte, Mario Di Costanzo afirmó que alrededor de 45 millones de mexicanos carecen de acceso a servicios de salud y sostuvo que el gasto de bolsillo de las familias para cubrir consultas, tratamientos y medicamentos aumentó casi 50 por ciento.
El especialista consideró que las deficiencias de las instituciones públicas han trasladado parte de los costos de la atención médica a los hogares, que deben recurrir a servicios privados para atender sus necesidades.
En tanto, Miguel Ángel Sulub señaló que los programas de apoyo económico no resuelven por sí mismos las necesidades de la población cuando persisten las dificultades para acceder a los servicios médicos.
Indicó que algunas personas destinan esos recursos a comprar medicamentos que no encuentran en las instituciones públicas o a pagar consultas particulares ante la falta de citas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Al concluir, Moreira sostuvo que las condiciones del sistema sanitario tienen repercusiones en la economía y el bienestar de las familias, por lo que planteó recuperar la capacidad de prevención, vacunación y atención médica como una prioridad nacional.