El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó por mayoría el proyecto de lineamientos para regular y fiscalizar los procesos políticos relacionados con las elecciones federales y locales de 2026-2027, al considerar que la propuesta requiere un análisis técnico y jurídico más amplio, así como una mayor discusión entre las consejerías.
La consejera presidenta del organismo, Guadalupe Taddei Zavala, sostuvo que la decisión se refiere exclusivamente al proyecto presentado y no implica que el Instituto renuncie a sus atribuciones constitucionales ni que se cierre la posibilidad de elaborar una nueva propuesta.
Durante una sesión extraordinaria, Taddei explicó que el documento incorporó modificaciones en materia de procesos políticos locales, protección de datos personales, fiscalización e inteligencia artificial. Sin embargo, recordó que el Consejo General ya había rechazado una primera versión en mayo pasado y señaló que la propuesta mantiene el objetivo de establecer un régimen especial de obligaciones y controles para este tipo de actividades.
La presidenta del INE consideró necesario precisar el fundamento jurídico y el alcance de las obligaciones planteadas, así como su relación con las facultades que actualmente contempla la legislación electoral.
“El INE no se detiene ante las acusaciones intimidatorias, perversas o intentando desacreditar la actuación del árbitro electoral. La organización no se detiene por las críticas y cuestionamientos que se formulen aún en este órgano colegiado”, afirmó.
Asimismo, rechazó las interpretaciones que pudieran sugerir que el organismo dejó de cumplir sus funciones o perdió capacidad para vigilar el desarrollo de los procesos electorales.
Taddei subrayó que el INE mantiene vigentes sus facultades de fiscalización, investigación y vigilancia conforme al marco jurídico actual, por lo que el rechazo del proyecto no representa una renuncia a sus responsabilidades.
Cuestionan falta de consenso en la propuesta
Otro de los argumentos expuestos por la consejera presidenta fue la falta de una discusión previa con todas las consejerías y de socialización del documento con las representaciones de los partidos políticos.
A su juicio, el procedimiento de elaboración de la propuesta afectó la construcción colegiada que debe caracterizar las decisiones del máximo órgano de dirección del Instituto.
“Esa forma de proceder termina por dinamitar la colegialidad que todos invocamos”, expresó.
Por ello, consideró que sigue abierta la posibilidad de revisar y perfeccionar el proyecto mediante un análisis más profundo de sus implicaciones jurídicas y técnicas.
La consejera presidenta también destacó que el Instituto desarrolla actualmente 104 actividades relacionadas con la organización del proceso electoral de 2027 y reconoció el trabajo de cerca de 19 mil personas que integran la institución en todo el país.
Ante las diferencias entre las consejerías, convocó a mantener un debate sustentado en argumentos y respeto a las decisiones colegiadas, con el propósito de garantizar certeza a la ciudadanía.
Buscaban fiscalizar gastos de procesos políticos
La propuesta fue presentada por la consejera Carla Humphrey Jordan y los consejeros Arturo Castillo Loza y Martín Faz Mora, con el objetivo de establecer directrices para fiscalizar desde ahora los gastos relacionados con los procesos políticos.
La intención era que, en caso de que determinadas actividades llegaran a constituir actos anticipados de precampaña o campaña, los gastos correspondientes pudieran contabilizarse dentro de los límites establecidos para las candidaturas.
No obstante, las consejerías que votaron en contra advirtieron que algunas disposiciones podrían invadir las competencias de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPL), por lo que consideraron indispensable revisar con mayor detalle el alcance de las medidas propuestas.
También señalaron que las facultades de fiscalización, investigación y vigilancia del INE, los procedimientos especiales sancionadores, la actuación de los organismos electorales locales y las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya constituyen mecanismos previstos en la legislación para atender las conductas que se pretende regular.
En ese sentido, plantearon la necesidad de evitar duplicidades y posibles contradicciones entre los nuevos lineamientos y las disposiciones electorales vigentes.
Con el rechazo del proyecto, el INE mantiene pendiente la definición de una propuesta que permita atender la fiscalización de los procesos políticos sin generar conflictos de competencia ni incertidumbre jurídica de cara a las elecciones de 2027.