La Operación Enjambre, implementada para combatir la infiltración de grupos criminales en corporaciones de seguridad y administraciones municipales del Estado de México, acumula sentencias condenatorias que suman mil 208 años y 10 meses de prisión contra 27 objetivos prioritarios, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
De acuerdo con la institución, las resoluciones judiciales derivan de investigaciones por delitos de alto impacto, entre ellos homicidio, secuestro, extorsión, desaparición forzada y evasión, en las que se identificó la presunta colaboración de servidores públicos y exfuncionarios con organizaciones criminales que operaban en distintas regiones de la entidad.
La operación comenzó el 22 de noviembre de 2024, como resultado de la coordinación entre autoridades federales y estatales. Entre las instituciones participantes se encuentran las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad estatal y la Fiscalía mexiquense.
El despliegue tuvo como antecedente las investigaciones por el hallazgo de restos humanos de 10 víctimas al interior de pozos en el municipio de Nicolás Romero, caso en el que se estableció la participación de policías municipales. A partir de estas indagatorias y de otras investigaciones por delitos de alto impacto, las autoridades identificaron posibles redes de protección criminal dentro de corporaciones policiales y gobiernos municipales.
Exfuncionarios y policías, entre los sentenciados
La Fiscalía estatal informó que las pruebas presentadas ante el Poder Judicial permitieron acreditar la responsabilidad penal de 27 personas, lo que derivó en 16 sentencias condenatorias que, según el desglose proporcionado por la institución, suman mil 153 años y cinco meses de prisión.
Entre los casos más relevantes se encuentra el de María Elena Martínez Robles, expresidenta municipal de Amanalco, quien el 16 de diciembre de 2025 recibió una sentencia de 70 años de prisión por el homicidio de integrantes de su administración.
Adrián Mauricio Sánchez Mitre, excomisario de Seguridad Pública de Nicolás Romero, acumula dos condenas: una de 40 años de prisión por homicidio, dictada el 29 de enero de 2026, y otra de 150 años por secuestro exprés con fines de robo y extorsión, emitida el 22 de abril del mismo año.
También destaca el caso de Eulises González Hernández, excomisario de Seguridad Pública de Acambay, quien recibió una sentencia de 68 años y seis meses de prisión por desaparición forzada de personas, el 27 de octubre de 2025, y otra de 47 años y seis meses por extorsión, el 21 de noviembre de ese año.
Por su parte, Luis Ángel Nicolás Santos, exdirector de Seguridad Pública de Tlatlaya, fue condenado a 50 años de prisión por secuestro exprés con fines de robo, mientras que Juan Cruz Solano, excomisario de Coatepec Harinas, recibió una pena de 40 años por extorsión.
Omar Leyva Montalvo, exsubdirector de Seguridad Ciudadana y Movilidad de Naucalpan, fue sentenciado a 40 años de prisión por extorsión. En tanto, Ellery Guadalupe Figueroa Macedo, expresidente honorífico del DIF de Tonatico, recibió una condena de 50 años por secuestro exprés con fines de extorsión.
Condenan a expolicías por homicidio y secuestro
Las investigaciones también derivaron en sentencias contra elementos y exelementos de corporaciones policiales municipales.
Erick Adrián Hernández Mejía, expolicía municipal de Nicolás Romero, fue condenado a 47 años y seis meses de prisión por homicidio. Por el delito de secuestro exprés, Bernabé Rodolfo Rodríguez Pérez, alias “El Matón”, también expolicía de ese municipio, recibió una sentencia de 62 años y seis meses.
Asimismo, siete elementos de la Policía Municipal de Nicolás Romero —Jesús Fernando Vega Mondragón, Diego Eduardo Rodríguez Rangel, Alejandro Jacinto Herrera, Daniel Herrera Cortés, David Aguayo García, Anallely García Torres y María Isabel Alanís Rodríguez— fueron sentenciados a 47 años y seis meses de prisión cada uno por homicidio calificado.
En Ecatepec, los expolicías municipales Rafael Goribar Martínez y Vianey Analleli Palafox Acuña recibieron condenas de 47 años de prisión cada uno por homicidio.
En Santo Tomás, Agustín Gildardo Bringas Álvarez, expolicía municipal, fue sentenciado a 60 años de prisión por secuestro, mientras que Edgar Jiménez Ramos, exservidor público del ayuntamiento, recibió una pena de un año por evasión.
La Fiscalía mexiquense también reportó sentencias relacionadas con delitos de evasión, abuso de autoridad, robo con violencia y daño en bienes.
El 30 de septiembre, Ángel Díaz Zarco fue condenado a 14 años de prisión por evasión, abuso de autoridad y robo con violencia. Martín Santana Martínez recibió una pena de 12 años y ocho meses por evasión y robo con violencia.
Por su parte, Litzy Mariana Domínguez Vilchis fue sentenciada a ocho años y ocho meses de prisión por evasión y daño en bienes, mientras que María Raquel Rubio Rodríguez recibió seis años por evasión y abuso de autoridad.
Nélida Ávila Chamorro, Araceli Domínguez Vilchis y Violeta Hernández Paniagua fueron condenadas a cuatro años y ocho meses de prisión cada una por el delito de evasión.
La FGJEM aseguró que la Operación Enjambre continuará de manera permanente y que mantiene abiertas investigaciones contra servidores públicos de administraciones actuales y anteriores, cuyos expedientes podrían ser judicializados ante su probable participación o relación con hechos delictivos.
La estrategia busca desarticular redes de protección institucional que, de acuerdo con las investigaciones, habrían permitido a grupos criminales desarrollar actividades ilícitas con apoyo de funcionarios y elementos de seguridad.