México continúa siendo un país en el que ser mujer es un riesgo. La violencia de género aún es uno de los problemas más graves que enfrenta el país, con cifras especialmente alarmantes de feminicidio, siendo esta la manifestación más extrema de la violencia sistemática contra las mujeres. La movilización de los colectivos feministas en las últimas décadas ha dejado claro que la sociedad civil exige un alto al asesinato de mujeres por cuestiones de género.
En respuesta a esta problemática, los últimos años han visto el impulso de diversos mecanismos para prevenir este tipo de violencia. Entre los más importantes se encuentra la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), estrategia que surge en el marco de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se trata de un mecanismo municipal o estatal de emergencia para hacer frente a la violencia de género, y es especialmente importante para territorios donde las respuestas institucionales han sido insuficientes.
En la práctica, la alerta puede ser solicitada por organismos de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, colectivos de familiares de víctimas u organismos internacionales ante un aumento persistente de la violencia contra las mujeres, el incumplimiento reiterado de las obligaciones de las autoridades para prevenirla y sancionarla, o la existencia de leyes y políticas que discriminan a las mujeres. Un grupo de especialistas evalúa la situación y propone medidas que las autoridades locales deben cumplir. Si no lo hacen, el gobierno federal puede emitir la declaratoria.
Durante la mayor parte del periodo de su vigencia, este proceso estuvo a cargo de la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), y actualmente corresponde a la Secretaría de las Mujeres. La declaratoria establece medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación del daño que deben aplicar los gobiernos estatales y municipales en los territorios señalados. La primera alerta se declaró en 2015, en el Estado de México, y desde entonces el mecanismo se ha extendido a la mayoría de las entidades del país.
Uno de los objetivos de las alertas es que contribuyan a reducir los feminicidios registrados, a través de mejoras en las medidas de prevención y seguridad, la atención a las víctimas, la coordinación entre actores de gobierno y la evaluación de acciones implementadas. Sin embargo, no hay que olvidar que la situación mexicana es especialmente complicada: los feminicidios ocurren en un contexto mezclado con altos niveles de violencia delictiva y desigualdad en capacidad institucional entre estados. A pesar del interés y la visibilidad que han adquirido las alertas, la verdadera pregunta es ¿qué ocurre con los feminicidios después de que se declara una Alerta de Violencia de Género?
Un equipo del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana buscó responder esta pregunta en una investigación titulada “Killing on the basis of sex Do Gender Violence Alerts Actually Reduce Feminicides in Mexico?”. Utilizando información municipal para México entre el 2015 y 2025 el estudio encuentra que las declaratorias de Alerta de Violencia de Género están asociadas con una reducción en el número de feminicidios oficialmente registrados. Sin embargo, también muestran porqué evaluar una política de esta naturaleza es más complejo que únicamente observar si las cifras aumentan o disminuyen.
Evolución de feminicidios en México
A partir del 2015, los datos administrativos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública permiten identificar los feminicidios como una categoría independiente de los homicidios. De acuerdo con estos registros, el número de feminicidios aumentó de manera alarmante durante la segunda mitad de la década pasada, pasando de alrededor de 400 casos en el 2015 a un máximo de casi 1,000 en el 2021. A partir de entonces se observa una disminución, hasta llegar a 712 casos en el 2025.
No obstante, esa caída nacional por sí sola no demuestra que las alertas u otras medidas implementadas hayan provocado la reducción. Las alertas no fueron declaradas simultáneamente en todo el país, ni abarcan necesariamente todos los municipios de una entidad. Sin embargo, precisamente esta variación es la que permite estudiar qué ocurre antes y después de una declaratoria. La investigación de la Universidad Iberoamericana realiza este análisis, considerando la evolución de municipios que recibieron y no recibieron una alerta.
Además, es importante aclarar que los números de feminicidios registrados no representan la totalidad de los casos ocurridos en el país. Por una parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) advierte que los datos del Secretariado presentan una elevada cifra negra, es decir, delitos que no se denuncian o que, aun siendo denunciados, no dan lugar a una carpeta de investigación. Se estima que solo alrededor del 10 % de los delitos quedan registrados oficialmente. Por otra parte, el reconocimiento de feminicidio como un tipo de delito independiente depende de la capacidad institucional para reconocerlo como tal. Un feminicidio no es solamente el homicidio donde la víctima es una mujer; es cuando la privación de la vida de la mujer ocurre por razones de género. Distinguir entre estos dos tipos de delitos es un reto institucional.
Efectividad de las alertas
Los resultados de la investigación encuentran una relación negativa entre la alerta de violencia de género y el número total de feminicidios registrados. Específicamente, el número de feminicidios registrados disminuye en un promedio de 0.2 casos por municipio al año después de la declaratoria de la AVGM. Esta cifra puede sonar pequeña, pero representa una reducción del 60% en comparación con el promedio de casos de feminicidios.
Esta proporción es independiente de la capacidad institucional y del reconocimiento de feminicidios como una categoría de crimen independiente. Varios municipios no registran ningún feminicidio en estos diez años, lo que puede ocultar la efectividad de las alertas. Sin embargo, los resultados de la investigación sugieren que la reducción del 60% en los casos de feminicidios se mantiene inclusive cuando se enfocan en solo los municipios que han reconocido feminicidios como un tipo de crimen diferente.
Al analizar la evolución año por año, se observa poca evidencia de cambios inmediatos en los feminicidios registrados tras la declaratoria. Las reducciones se vuelven más pronunciadas en los años posteriores y son más claras alrededor de cinco años después. Estos resultados sugieren que las alertas necesitan tiempo, bien sea para su implementación, para tener mejoras institucionales que permitan reconocer los feminicidios, o para mejorar los sistemas de prevención de violencia contra las mujeres. La segunda gráfica muestra este patrón al comparar los municipios con alerta con los municipios del mismo estado que no la tuvieron. Los últimos años deben leerse con cautela, porque solo incluyen a los municipios con las alertas más antiguas.
Los resultados requieren interpretarse cuidadosamente
Existe una dificultad adicional para interpretar la evolución de la violencia de género: los feminicidios registrados no necesariamente constituyen todos los asesinatos de mujeres por razones de género. Los datos administrativos contemplan únicamente los casos que las instituciones reconocen, investigan y clasifican como feminicidio. Además, en México el reconocimiento del feminicidio y la ampliación de los datos administrativos se produjeron de forma gradual. Por lo tanto, los registros oficiales deben entenderse como productos de sistemas institucionales, y no como indicadores que reflejan el fenómeno por sí mismos.
La disminución de los feminicidios registrados es una buena señal, pero no necesariamente cuenta toda la historia. Una reducción en los registros podría reflejar una disminución real de la violencia, pero también cambios en las prácticas de clasificación o registro. Incluso, existe la posibilidad de que una AVGM modifique los incentivos relacionados con la forma en que estos casos son registrados y clasificados.
Con la información disponible no es posible distinguir completamente entre estos mecanismos. Los resultados no implican que las Alertas de Violencia de Género reduzcan obligadamente la violencia feminicida en 60%, solo que su declaratoria está asociada con una reducción en los feminicidios oficialmente registrados. Esta distinción no disminuye la relevancia de los resultados, pero pone en evidencia la dificultad para evaluar las políticas dirigidas a combatir la violencia contra las mujeres.
Mirar más allá
Las Alertas de Violencia de Género están asociadas con cambios relevantes en los registros de feminicidio, pero evaluarlas requiere mirar mucho más allá de la existencia de la declaratoria. Es igualmente importante evaluar la manera en la que se implementan, el presupuesto que reciben, la movilización de autoridades locales, la eficacia en los procesos de investigación y clasificación de los casos, y la transparencia de los datos.
Estas alertas surgieron precisamente ante la exigencia de una respuesta del Estado en contextos de violencia extrema contra las mujeres. Los resultados de la investigación sugieren que la declaratoria de las mismas está asociada con una disminución en los feminicidios oficialmente registrados. Sin embargo, para entender si esta reducción es la consecuencia directa de la prevención de la violencia, se requiere analizar qué ocurre dentro de las instituciones encargadas de hacer frente, investigar y clasificar estos delitos. El siguiente paso es entender qué permite que una alerta se traduzca en una respuesta institucional efectiva, y en una reducción real de la violencia contra las mujeres.
Los análisis de especialistas de la Universidad Iberoamericana se presentan a nuestros lectores cada 15 días en un espacio coordinado por el Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.
Comentarios: pablo.cotler@ibero.mx
Las autoras Ana Catalá y Alejandra Villegas son recién egresada de la Licenciatura en Economía, técnica académica; y el autor, Juan Carlos, profesor-investigador del Departamento de Economía .