Este 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación, es buen momento para hacer cuentas. México tiene una de las leyes alimentarias más ambiciosas del mundo: la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible (LGAAS) ha sido reconocida como un paso audaz y un modelo para otros países. Pero una ley de primer nivel es como un vehículo de alta gama: sin combustible no sale del garaje. Ese combustible es su reglamento.
Durante dos días 82 personas expertas de 38 instituciones se reunieron para discutir por qué la manera en que México produce, distribuye, consume y desecha sus alimentos debe replantearse. El Segundo Simposio Internacional sobre la Transformación de Sistemas Alimentarios en México, celebrado el 3 y 4 de septiembre, organizado por la Universidad Iberoamericana y el Tecnológico de Monterrey, unió a investigadoras, funcionarios públicos, activistas y a una diputada federal, en un espacio sin cámaras ni grabadoras, donde se documenta lo que se dice, pero no quién lo dice, con la intención de contribuir a la construcción de un sistema que garantice una alimentación sana, justa y sostenible.
Un sistema alimentario global que afecta el ejercicio de derechos y cuyos costos no aparecen en el precio
En el mundo, la agricultura concentra cerca del 70% de las extracciones de agua dulce y los sistemas alimentarios generan alrededor de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero; también contribuyen al sobrepeso y obesidad que afecta a más de siete de cada diez personas adultas en México. En 2024, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes fueron las dos primeras causas de muerte: más de una de cada tres defunciones registradas, según las estadísticas sobre defunciones registradas por el INEGI.
Estos daños tienen un precio que no aparece en las etiquetas. La OCDE estimó, en su reporte The Heavy Burden of Obesity, que entre 2020 y 2050 el sobrepeso y obesidad junto con las enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación absorberán 8.9% del gasto en salud de México y reducirán su PIB 5.3%, el mayor impacto entre los países de la organización. Se trata de fallas de mercado: externalidades, porque buena parte del costo lo paga el sistema público de salud, y asimetrías de información, que políticas como el etiquetado frontal de advertencia contribuyen a corregir.
La ley que espera su reglamento
En el primer simposio, hace un año, se compartía la percepción de que la LGAAS podía ser un parteaguas. Hoy el reglamento sigue pendiente, aunque la Ley dio 180 días naturales para emitirlo, ese plazo se venció desde el inicio del actual periodo presidencial.
Este año gran parte de la conversación volvió a centrarse en la Ley. Se explicó que la demora en la publicación del reglamento no ha impedido que el gobierno federal asuma los criterios generales establecidos en la LGAAS, una buena señal. Lo que esos criterios no pueden suplir es lo que el reglamento vuelve exigible: quién hace qué, con qué recursos y bajo qué supervisión. La Ley le encarga definir la instalación del SINSAMAC (Sistema Intersectorial Nacional de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad), indispensable para una gobernanza sana; las canastas normativas, que orientan qué alimentos adquirir con recursos públicos, y las reglas de compras públicas. Sin ellas, grandes programas como el de alimentación escolar carecen de un marco común que facilite la compra de alimentos frescos a pequeños productores.
La demora puede estar relacionada con varias explicaciones. Romper el statu quo es costoso: definir reservas estratégicas o abrir las compras públicas a pequeños productores locales exige acuerdos entre Salud, Agricultura, Economía, Educación y Bienestar, y también con Hacienda, que seguramente requiere los costos de implementación antes de comprometer recursos. Cabe además una hipótesis, que debe probarse: el retraso podría estar relacionado con la influencia de actores organizados, nacionales o extranjeros, con intereses en juego. Situaciones como la segunda posposición de la tercera fase del etiquetado frontal, en julio de 2025, justifican la pregunta.
Las escuelas, un laboratorio de cambio
Los entornos escolares fueron otro ámbito clave en el Simposio. Profesores y educadoras de escuelas primarias, desde Baja California Sur hasta Chiapas, explicaron que no se detienen ante la falta de reglamento de la LGAASy ya impulsan redes de huertos escolares. Un huerto educa; pero abastecer de alimentos frescos a miles de escuelas requiere las canastas normativas y reglas de compra que el reglamento puede aportar.
El T-MEC como termómetro
La apertura comercial de los noventa transformó la dieta: un estudio de Giuntella y colaboradores, publicado en Journal of International Economics estima que la exposición a importaciones de alimentos explica hasta 20% del aumento de la obesidad en mujeres mexicanas entre 1988 y 2012, en buena medida por la vía de los precios. Alimentos más baratos no son siempre una ganancia: si se abaratan los que enferman, el ahorro se paga después en salud y productividad. Hoy el tema está en la agenda: en julio de 2026, al no acordarse la extensión del T-MEC por 16 años, se abrió un régimen de revisiones anuales. Así, etiquetado, maíz o compras públicas pueden volver cada año a la mesa como fichas de negociación, y cualquier regulación pendiente se vuelve más fácil de posponer. No se trata de que la salud entorpezca la negociación comercial, pero debe reconocerse que cada concesión se evalúe por sus costos y beneficios, incluidos los sanitarios.
El gobierno y la sociedad civil tienen un lugar en la mesa
Ningún cambio de política es sostenible sin datos oportunos y relevantes que lo respalden. Desde la academia se presentaron paneles de seguimiento de los sistemas alimentarios a nivel municipal, la escala donde se decide sobre compras públicas, puntos de venta o programas de salud y donde la información escasea, con desagregaciones por género y equidad. Por su complejidad, esta iniciativa debe ser coordinada por una instancia gubernamental, tarea natural para el SINSAMAC.
Representantes de colectivos impulsores del etiquetado de advertencia discutieron cómo transformar la participación ciudadana en incidencia real. Destacaron la demanda colectiva contra el maíz genéticamente modificado y las experiencias de municipios con agendas agroecológicas propias, como uno de Jalisco. Sobre el maíz, el debate es complejo: el principio precautorio es legítimo ante riesgos inciertos para la salud y la biodiversidad, pero su fuerza depende de la evidencia y del procedimiento, como recordó el panel del T-MEC que en diciembre de 2024 falló contra las medidas mexicanas.
De la conversación a las redes de trabajo
El simposio buscó desmarcarse de ser un evento puramente académico para constituirse como un espacio que permita la consolidación de grupos de trabajo interinstitucionales que seguirán investigando y generando evidencia sobre estos temas. Este espacio ayuda a reducir costos de información y coordinación: genera evidencia para evaluar la Ley y organiza a actores dispersos cuyo interés rara vez pesa frente a intereses concentrados. Prepara capacidades y aliados para apoyar la transformación del sistema alimentario.
El tercer Simposio ya se asoma. La LGAAS tiene el diseño; le falta el combustible. Publicar su reglamento, aun con implementación gradual y una estimación de costos que dé certidumbre a todas las dependencias, sería la mejor manera de honrar el Día Mundial de la Alimentación que se celebra el 16 de octubre.
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Los análisis de especialistas de la Universidad Iberoamericana se presentan a nuestros lectores cada 15 días en un espacio coordinado por el Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.
Comentarios: pablo.cotler@ibero.mx
Los autores están adscritos al Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, y la autora, a la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.