Al menos 15 empresas importadoras y proveedoras de armas y municiones responsabilizaron a la Dirección General de Comercialización de Armas y Municiones (DCAM), de la parálisis en la dotación de armamento a los gobiernos estatales debido a retrasos en pagos, dilación en trámites de importación y la modificación unilateral de contratos previamente firmados.
Las empresas afectadas señalan que las demoras para obtener los permisos de importación correspondientes impiden la distribución oportuna de insumos ya contratados, comprometiendo de manera directa la capacidad operativa de las fuerzas estatales de seguridad pública.
El impacto de este rezago institucional se refleja en entidades como Michoacán, Zacatecas, Baja California y Colima, donde los gobiernos locales han acumulado retrasos de hasta dos años para recibir fusiles de cargo.
Asimismo, la problemática ha provocado situaciones donde las corporaciones estatales disponen de las armas en sus inventarios pero carecen de las municiones necesarias para utilizarlas en sus labores cotidianas de vigilancia e intervención.
Las empresas aseguran haber cumplido en tiempo y forma con la entrega de armas y municiones, pero atribuyeron el retraso en la entrega de armamentos y municiones a las trabas burocráticas e incumplimientos del organismo regulador federal.
Lamentaron que la falla en la gestión de la DCAM ha dejado sin pertrechos clave a los cuerpos policiales locales en regiones con altos índices delictivos.
Esta problemática de abastecimiento a nivel nacional –agregaron--no representa un hecho aislado dentro de las fuerzas armadas.
Una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción evidenció anteriormente que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) incumplió con la entrega de armamento por un monto de 122 millones de pesos en 21 estados del país.
En este contexto, las empresas del ramo exigieron una pronta resolución a estos “ cuellos de botella” administrativos en la DCAM pues advirtieron que la falta de certidumbre en las licitaciones y el incumplimiento en la dotación de insumos básicos atentan contra las estrategias de contención criminal.