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La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de Guanajuato, María Isabel Ortiz Mantilla, dijo que la creación de una cartera de proyectos susceptibles de financiamiento y las evaluaciones públicas periódicas deben ser prioridades legislativas

Alertan por falta de coordinación entre leyes y presupuestos contra cambio climático

Afectaciones derivadas del cambio climático van en aumento (Archivo)

Cambio climático en México — Durante el panel “La importancia de la acción climática subnacional en la implementación”, realizada previo a la Pre-COP 31, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de Guanajuato, María Isabel Ortiz Mantilla, resaltó que los gobiernos estatales deben armonizar sus leyes, planes de desarrollo y presupuestos con los compromisos de mitigación y adaptación al cambio climático.

Ortiz Mantilla destacó que Guanajuato cuenta con instrumentos de planeación a largo plazo, uno de ellos es el “Plan Estatal de Desarrollo Visión a 2050” (PED 2050). Así, la actualización de su Ley Estatal de Cambio Climático contempla el balance energético, las rutas de descarbonización y sus inventarios.

Aun así, aseveró que se deben transferir esos compromisos a la legislación de planeación y a inversiones específicas, para garantizar que las metas se conviertan en acciones concretas.

La funcionaria informó que en Guanajuato se percibieron más de mil millones de pesos en medidas de diversas dependencias que colaboraban a la agenda climática, aunque no estaban etiquetadas como tales.

Ortiz Mantilla señaló que los congresos locales tienen la obligación de revisar las leyes de movilidad, desarrollo económico, agricultura, agua, salud, educación y desarrollo urbano, a fin de evitar hechos contraproducentes con los objetivos climáticos.

Asimismo, propuso fortalecer las fuentes de financiación público y privado, aprovechar los fondos estatales ambientales y los impuestos ecológicos, y fomentar la eficiencia energética en edificios públicos, alumbrado, bombeo de agua y transporte.

La panelista mencionó que la transparencia presupuestaria, la creación de una cartera de proyectos susceptibles de financiamiento y las evaluaciones públicas periódicas deben ser prioridades legislativas. Además, subrayó la necesidad de contar con información homologada y comparable para medir los resultados.

Por su parte, la directora de Transición y Eficiencia Energética de la Agencia de Energía de Yucatán, Mirelle Segovia Martín, enfatizó la importancia de consolidar la coordinación entre los gobiernos federal, estatales y municipales.

Reveló que 20 de 32 entidades están conectadas por medio de una plataforma de colaboración para promover iniciativas climáticas y compartir experiencias.

Segovia Martín recordó que el país está conformado por 2 mil 478 municipios con aspectos sociales, culturales y ambientales diversas, es por eso que las políticas nacionales deben considerar las necesidades de cada territorio.

En el caso de Yucatán, precisó que sus 106 municipios requieren atención diferenciada y que los datos locales son fundamentales para la creación de programas y avanzar hacia una transición energética justa.

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