Nacional

Una auditoría del Órgano Interno de Control del SAT detectó irregularidades en siete proveedores que, en conjunto, validan 20.53% de la facturación nacional

Buen Gobierno revoca autorización a cinco certificadores de facturas por operar con empresas fantasma

Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que fueron revocadas las autorizaciones de cinco Proveedores de Certificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), luego de que una auditoría detectó que realizaban operaciones con Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), conocidas como factureras.

La fiscalización estuvo a cargo del Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), como parte de las acciones de supervisión sobre las empresas autorizadas por el Estado para certificar las facturas electrónicas que emiten los contribuyentes por sus actividades comerciales.

De acuerdo con la dependencia, la auditoría identificó irregularidades en siete proveedores de certificación. Hasta el momento, la autoridad fiscal ha revocado los permisos de cinco de ellos, mientras que los procedimientos administrativos correspondientes a los dos restantes continúan en curso.

La Secretaría destacó la relevancia de los hallazgos al señalar que los siete proveedores involucrados validan aproximadamente 20.53 por ciento de la facturación nacional, por lo que las acciones emprendidas forman parte de los esfuerzos para fortalecer la supervisión del sistema de comprobantes fiscales.

La dependencia indicó que continuará con las labores de vigilancia dentro de sus atribuciones y dará seguimiento a los procedimientos correspondientes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Poder Judicial de la Federación.

Asimismo, reiteró que mantendrá las acciones para prevenir y sancionar las operaciones fiscales simuladas, con el propósito de combatir la evasión fiscal, fortalecer la recaudación y garantizar que los recursos públicos se distribuyan adecuadamente en beneficio de la población.

La intervención forma parte de la estrategia del Gobierno de México para reforzar los controles sobre los mecanismos de facturación electrónica y evitar que estos sean utilizados para respaldar operaciones inexistentes o facilitar prácticas de incumplimiento tributario.

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