México tiene un problema fiscal que suele discutirse desde el lado equivocado. Nos preguntamos cuánto más puede recaudar el gobierno, cuando quizá deberíamos preguntarnos primero cuánto necesita crecer la economía para sostener el gasto que estamos comprometiendo.
Las cifras de 2026 obligan a plantearlo así. Entre enero y agosto, los ingresos presupuestarios del sector público alcanzaron alrededor de 5.66 billones de pesos y crecieron 1.30% en términos reales. Sin embargo, quedaron aproximadamente 201 mil millones de pesos por debajo de lo programado.
La recaudación tributaria llegó a 3.86 billones de pesos, con un crecimiento real de apenas 0.60%. Pero el dato que más llama la atención es el impuesto sobre la renta: el ISR disminuyó 5.60% real. En sentido contrario, el IVA creció 11.40%.
No estamos, por tanto, ante un desplome general de la recaudación. Sería incorrecto afirmarlo. Lo que sí existe es una pérdida de dinamismo que merece atención, sobre todo porque el ISR constituye una de las principales fuentes de ingresos tributarios del Gobierno Federal.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) ha advertido precisamente sobre este comportamiento. Su preocupación abarca cuánto está recaudando el gobierno y, sobre todo, la relación entre crecimiento económico, actividad empresarial y capacidad recaudatoria.
Podemos aumentar la fiscalización, combatir la evasión y mejorar la eficiencia del SAT y debemos hacerlo, pero ninguna administración tributaria puede sustituir indefinidamente lo que corresponde generar a una economía en expansión.
Dicho de otra manera: no podemos recaudar crecimiento económico donde no lo hay.
La discusión adquiere una dimensión adicional a la luz de las investigaciones reconocidas con el Premio Nobel de Economía 2026. Los trabajos de Robert E. Hall y Michael Woodford ayudan a comprender la importancia que tienen las expectativas y las decisiones de hogares y empresas en el comportamiento de la economía.
La conexión con México no consiste en atribuirles un diagnóstico sobre nuestras finanzas públicas. No lo hicieron. Lo interesante es utilizar sus aportaciones para observar nuestro propio problema.
Una empresa que espera menores ventas, mayores costos o condiciones financieras adversas puede decidir no invertir. Una familia preocupada por su empleo o por sus ingresos futuros puede contener su consumo. Miles o millones de decisiones individuales terminan convirtiéndose en un fenómeno macroeconómico.
Y ese fenómeno también llega a las finanzas públicas.
Si disminuye la inversión, si se debilita la generación de empleos formales o si las empresas obtienen menores resultados, tarde o temprano la recaudación lo refleja. El gobierno puede mejorar sus mecanismos de cobro, pero existe un límite para obtener más recursos de una economía que crece poco.
Esta reflexión resulta particularmente relevante frente al Paquete Económico 2027. La iniciativa de Ley de Ingresos considera recursos por aproximadamente 10.64 billones de pesos. De ese monto, alrededor de 6.26 billones provendrían de impuestos y 1.48 billones corresponderían a ingresos derivados de financiamientos.
También se plantea un techo de endeudamiento interno neto del Gobierno Federal de hasta 1.70 billones de pesos. Conviene insistir en una precisión técnica: los 1.48 y los 1.70 billones corresponden a conceptos presupuestarios diferentes y no deben sumarse como si fueran dos bolsas independientes de nueva deuda.
El reto está en lo que debemos financiar con esos recursos.
Pensiones, programas sociales, costo financiero de la deuda y transferencias a estados y municipios absorben una proporción importante del presupuesto.
No todos estos conceptos son directamente sumables, hacerlo produciría duplicidades, pero muestran una realidad difícil de ignorar: una parte creciente del presupuesto ya tiene destino antes de comenzar el ejercicio fiscal.
Eso reduce el margen para infraestructura, inversión pública y otras políticas capaces de elevar la capacidad productiva del país.
Tampoco se trata de satanizar la deuda. Endeudarse puede ser económicamente razonable cuando los recursos financian proyectos productivos, infraestructura y activos que generan beneficios futuros.
El problema surge cuando el financiamiento comienza a utilizarse de manera recurrente para cubrir obligaciones permanentes que los ingresos ordinarios no alcanzan a sostener.
México no está necesariamente frente a una crisis fiscal. Afirmarlo sería exagerado. Hacienda ha reportado resultados fiscales dentro de parámetros manejables y, al cierre de agosto, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público se ubicó alrededor de 51.50% del PIB.
Pero que las finanzas públicas sean manejables hoy no significa que podamos ignorar su trayectoria.
La solución tampoco puede reducirse a cobrar más impuestos a quienes ya pagan. México necesita combatir la evasión, ampliar la formalidad, revisar la calidad del gasto y fortalecer la responsabilidad presupuestaria. Pero, sobre todo, necesita volver a crecer.
Porque existe un punto en el que la política tributaria encuentra su límite: un país puede fiscalizar mejor, recaudar mejor y endeudarse responsablemente; lo que no puede hacer indefinidamente es gastar como una economía que crece mucho más de lo que realmente crece.
Esa es la discusión fiscal que México debería estar teniendo.
La factura más cara no necesariamente será la deuda que contratemos hoy, sino el crecimiento que dejemos de generar mañana.
*Análisis de especialistas del Colegio de la Contaduría Pública de México y presentados a nuestros lectores cada 15 días.
El autor es presidente de la Comisión Técnica de Contabilidad y Auditoría Gubernamental del Colegio de la Contaduría Pública de México. Especialista en contabilidad gubernamental, auditoría y fiscalización del sector público. Autor de libros sobre armonización contable, contabilidad gubernamental y fiscalización.