El gobierno federal rechazó ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la interpretación del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) sobre la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, proceso que permite llevar a la Asamblea General situaciones en las que existan indicios de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático.
Durante la presentación del informe anual del Comité en Nueva York, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina Padilla, secundó las medidas del Estado mexicano en materia de búsqueda e identificación humana, así como la cooperación con organismos internacionales.
En representación del gobierno mexicano, Medina Padilla reiteró que “México rechaza la interpretación del Comité contra la Desaparición Forzada sobre el alcance y la aplicación del artículo 34 de la Convención”.
El funcionario federal reafirmó que México mantiene colaboración con varios países y organismos internacionales para afianzar las capacidades de búsqueda de personas desaparecidas. Ejemplificó la conformación de un grupo de especialistas internacionales, con asistencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para realizar una revisión científica del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Destacó los trabajos conjuntos con Alemania, España, Noruega, Canadá y Guatemala, además de la cooperación con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para mejorar los procesos de identificación humana e investigación.
Posición de la ONU
Por su parte, el presidente del Comité contra la Desaparición Forzada, Juan Pablo Albán, presentó el informe anual del organismo y explicó los resultados del procedimiento iniciado bajo el artículo 34 de la Convención, aplicado por primera vez el caso de México.
Albán enunció que, después de analizar las respuestas del Estado mexicano y las opiniones de familiares de personas desaparecidas y organizaciones civiles, el Comité concluyó que existen bases bien fundadas para considerar que se han cometido desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad en el país.
Sin embargo, aclaró que el organismo no ha determinado que las desapariciones respondan a una política de Estado.
El presidente del Comité argumentó que el artículo 34 es un mecanismo preventivo de alerta que busca movilizar la cooperación internacional. Una vez finalizado el proceso, corresponde ahora a la Asamblea General analizar las opciones para impulsar esa colaboración, a partir de las propuestas formuladas por el organismo.