La crisis de desapariciones en México llegará este martes a la Tercera Comisión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), presentará su informe anual y expondrá la situación que enfrenta el país en esta materia.
La presentación ocurre mediante un procedimiento excepcional que busca colocar el problema de las desapariciones en el centro de la discusión internacional y abrir nuevas posibilidades de cooperación para atender los casos.
El mecanismo fue impulsado por el Comité con fundamento en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. De acuerdo con la información difundida, se trata de la primera vez que se utiliza esta disposición para llevar una situación ante la Asamblea General de la ONU desde la entrada en vigor del tratado.
La decisión representa un nuevo capítulo en la discusión sobre las desapariciones en México, debido a que el organismo internacional considera que existen elementos que justifican llevar el tema ante una instancia más amplia de Naciones Unidas.
Antes de su comparecencia, Albán señaló que este procedimiento representa una oportunidad para movilizar la cooperación internacional en tareas de búsqueda de personas desaparecidas, investigación de los casos, esclarecimiento de la verdad y protección de las víctimas.
Estas acciones son relevantes para las familias que buscan a sus seres queridos y que, en muchos casos, enfrentan dificultades para obtener información sobre su paradero y avances en las investigaciones.
El procedimiento comenzó en abril, cuando el jurista invocó el artículo 34 de la Convención y anunció que llevaría la situación de México ante la Asamblea General. La determinación se tomó después de que el Comité concluyera que existían indicios fundados de desapariciones forzadas con carácter generalizado o sistemático.
La intervención del organismo internacional busca que la situación sea analizada en un espacio de discusión multilateral, donde los Estados miembros puedan conocer los argumentos presentados y examinar posibles vías de cooperación.
Sin embargo, la decisión ha generado diferencias con el Gobierno mexicano, que ha cuestionado las conclusiones del Comité y señalado que no se tomaron en cuenta las reformas impulsadas por las autoridades nacionales para atender el problema.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) también manifestó su desacuerdo con la interpretación del organismo sobre el concepto de desaparición forzada. Según la dependencia, el Comité realizó una interpretación errónea al incluir casos que, a su juicio, no cumplen con la definición jurídica establecida en los instrumentos internacionales.
Esta diferencia refleja el debate entre las autoridades mexicanas y el Comité sobre la manera en que deben analizarse los casos y aplicarse las disposiciones de la Convención Internacional.
Mientras el organismo de Naciones Unidas considera que existen elementos suficientes para recurrir al artículo 34, el Gobierno mexicano ha defendido las acciones emprendidas a nivel nacional y cuestionado los criterios utilizados para sustentar la determinación.
La comparecencia de Albán ante la Tercera Comisión permitirá exponer el informe y dar continuidad a la discusión sobre el alcance de las desapariciones en México. También abrirá un espacio para abordar las necesidades de cooperación internacional en materia de búsqueda, investigación y atención a las víctimas.
El tema tiene especial importancia para los familiares de personas desaparecidas, quienes mantienen la exigencia de conocer el paradero de sus seres queridos y acceder a la verdad y la justicia.
Además de las investigaciones, la búsqueda de personas requiere coordinación entre instituciones, intercambio de información y mecanismos que permitan dar seguimiento a los casos. La cooperación internacional puede contribuir a estas tareas, aunque su alcance dependerá de las medidas que se acuerden y de la actuación de las autoridades correspondientes.
Con la presentación del informe, la crisis de desapariciones en México se incorpora a una nueva etapa de discusión dentro de Naciones Unidas. El procedimiento también pone de manifiesto las diferencias existentes entre el Comité contra la Desaparición Forzada y el Gobierno mexicano sobre la interpretación de la Convención y la evaluación de la situación nacional.
De esta manera, la comparecencia de Juan Pablo Albán representa un momento relevante para el seguimiento internacional de las desapariciones en México, en medio de las demandas de las familias y del debate sobre las responsabilidades y las medidas necesarias para enfrentar esta problemática.