La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno analiza posibles cambios legales para limitar la participación de intermediarios en la cadena de comercialización de combustibles, al considerar que este segmento concentra la mayor parte de las inconsistencias detectadas en el mercado de hidrocarburos.
La mandataria explicó que las autoridades federales fortalecieron los mecanismos de supervisión mediante un centro de monitoreo que integra información fiscal, aduanera, comercial y operativa para rastrear el recorrido de los combustibles, desde su importación hasta su venta en las estaciones de servicio.
Sheinbaum señaló que, de acuerdo con las estimaciones gubernamentales, durante 2025 dejaron de pagarse alrededor de 61 mil millones de pesos por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), debido a irregularidades relacionadas con el contrabando de combustibles.
En contraste, indicó que entre enero y septiembre de 2026 se registraron aproximadamente 48 mil millones de pesos adicionales en ingresos asociados a las acciones de fiscalización y control del sector. Precisó que una parte de estos recursos está relacionada con los apoyos aplicados a los combustibles, por lo que el monto debe entenderse en el contexto de las medidas fiscales implementadas.
Analizan reducir intermediarios en el sector
La Presidenta explicó que uno de los principales focos de las investigaciones se encuentra en las empresas comercializadoras, que funcionan como intermediarias entre importadores, distribuidores y estaciones de servicio, sin necesariamente contar con infraestructura física propia.
De acuerdo con los datos presentados por el Gobierno federal, este segmento concentró el 72 por ciento de las inconsistencias detectadas durante 2025, equivalentes a aproximadamente 6 mil 352 millones de litros diarios, según las cifras expuestas durante la presentación.
Ante este panorama, Sheinbaum indicó que se analiza la posibilidad de modificar la legislación para reducir la participación de estos intermediarios o establecer mayores restricciones a sus operaciones.
La mandataria planteó que una alternativa sería facilitar las operaciones directas entre importadores y empresas de transporte, o bien establecer controles más estrictos para las comercializadoras.
Centro de monitoreo rastrea toda la cadena
Sheinbaum destacó que el centro de monitoreo de combustibles reúne información del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Agencia Nacional de Aduanas de México y las autoridades responsables de los permisos de importación, entre otras instituciones.
La plataforma permite revisar datos sobre los volúmenes declarados en los cargamentos, las embarcaciones que llegan a las aduanas, los ferrotanques que ingresan por las fronteras terrestres y las operaciones de compra y venta realizadas por las empresas.
Además, informó que existe comunicación entre las autoridades aduaneras mexicanas y sus contrapartes en Estados Unidos para contrastar la cantidad de combustible que sale de ese país con la que ingresa a territorio nacional.
Cuando se detectan discrepancias, las instituciones pueden realizar inspecciones, iniciar procedimientos administrativos y presentar denuncias penales cuando existen elementos que lo ameriten.
Continúan investigaciones por el caso del buque de Altamira
Sheinbaum señaló que las investigaciones relacionadas con el contrabando de combustibles abarcan toda la cadena de suministro y que todavía existen detenciones pendientes por el caso del buque asegurado en Altamira, Tamaulipas.
La mandataria informó que entre las personas buscadas hay individuos con doble nacionalidad mexicana y estadounidense que actualmente residen en Estados Unidos, por quienes las autoridades mexicanas han solicitado su extradición.
Durante el intercambio con la prensa también se mencionó una orden de aprehensión contra los hermanos Farías, en la que figuran 14 personas: seis elementos de la Marina y siete trabajadores de la Agencia Nacional de Aduanas de México, de acuerdo con los datos expuestos. La información proporcionada no precisó la adscripción de la persona restante.
En relación con los permisos de importación de combustibles, se aclaró que, aunque la Fiscalía identifica a 36 empresas vinculadas con las investigaciones, actualmente permanecen vigentes 17 permisos.
La explicación oficial fue que varios permisos se cancelaron después de detectarse irregularidades, por lo que la cifra actual es menor que la de empresas identificadas en las indagatorias. Durante la conferencia no se precisó cuántas compañías han perdido sus permisos desde el año anterior.
Sheinbaum aclara aseguramiento de combustible en Guanajuato
Al ser cuestionada sobre el megaseguramiento de combustible realizado en Guanajuato y si el producto asegurado correspondía a huachicol, la Presidenta indicó que la Fiscalía General de la República realizó las investigaciones y que esa institución deberá informar los detalles del caso.
Sheinbaum explicó que, de acuerdo con la información que recibió el Gobierno federal, en el lugar se detectaron irregularidades relacionadas con el transporte de combustible que ingresaba a las instalaciones.
Sin embargo, precisó que la instalación en general contaba con los permisos correspondientes y que la empresa resolvió la irregularidad identificada.
“Había una ilegalidad y esa la resolvió la empresa”, señaló la mandataria al referirse a las anomalías en el transporte.
La Presidenta no calificó de manera general toda la operación como ilegal y remitió a la Fiscalía para conocer los detalles de las investigaciones y determinar los alcances de las irregularidades detectadas.