La Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral entró en vigor este sábado 24 de octubre, luego de que el decreto correspondiente fuera publicado el viernes en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF). La nueva legislación busca modernizar los catastros y registros públicos de la propiedad en México, además de facilitar el intercambio de información entre las autoridades federales, estatales y municipales.
La normativa establece nuevas herramientas para actualizar la información de los inmuebles, mejorar la identificación de las propiedades y unificar los procedimientos catastrales y registrales mediante plataformas digitales.
Sin embargo, su entrada en vigor también generó cuestionamientos entre legisladores de oposición y especialistas inmobiliarios, quienes la han denominado “ley predialazo”, ante la posibilidad de que la actualización de los valores catastrales provoque incrementos en el impuesto predial.
La legislación deriva de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 8 de septiembre de 2026 y tiene entre sus objetivos fortalecer la certeza jurídica sobre los derechos de propiedad, así como establecer criterios comunes para la prestación de servicios relacionados con los inmuebles.
Cambios
Entre los principales cambios se encuentra la creación de una Clave Única Catastral, que permitirá identificar de manera individual cada predio o unidad inmobiliaria inscrita en los registros del país.
También se implementará una Cédula Única Catastral y Registral, mediante la cual se vinculará la información de los catastros con la que se encuentra en los registros públicos de la propiedad.
Con estas herramientas, las autoridades podrán contar con información territorial actualizada y establecer mecanismos comunes para consultar los datos de los inmuebles.
La ley contempla además la creación de una Plataforma Catastral Municipal y otra destinada a los Registros Públicos de la Propiedad, que permitirán realizar trámites y gestionar servicios mediante herramientas digitales.
Para ingresar a estos sistemas se utilizará Llave MX como mecanismo de identificación de los usuarios. Las plataformas también incorporarán pagos electrónicos y otorgarán validez jurídica a los trámites y notificaciones realizados a través de ellas.
En el caso de la Plataforma Catastral Municipal, se incluirá un módulo para gestionar el cobro del impuesto predial, aunque la legislación no contempla modificaciones directas a las tasas de este gravamen.
Plazos para implementar la nueva ley
Aunque la legislación ya entró en vigor, las autoridades tendrán los próximos meses para adaptar sus sistemas y procedimientos a las nuevas disposiciones.
De acuerdo con los artículos transitorios, las dependencias catastrales y registrales deberán adoptar e implementar los nuevos modelos de trámites y plataformas digitales a más tardar el 31 de diciembre de 2026, con la finalidad de que comiencen a operar el 1 de enero de 2027.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones contará con un plazo máximo de 30 días hábiles para emitir los lineamientos relacionados con la implementación de los planes nacionales.
Además, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), deberá establecer las reglas para adoptar la Clave Única Catastral y la Cédula Única Catastral y Registral.
Por su parte, los congresos estatales tendrán 180 días para realizar las modificaciones legales correspondientes, mientras que los gobiernos estatales y municipales dispondrán de 180 días hábiles para armonizar sus respectivas normativas.
Con estos cambios, el gobierno federal busca establecer un sistema catastral y registral más uniforme en México, mediante la digitalización de los servicios y la actualización de los registros inmobiliarios.
Sin embargo, la posibilidad de que los nuevos valores catastrales se reflejen en mayores pagos del impuesto predial permanece como una de las principales preocupaciones planteadas por legisladores de oposición y especialistas del sector inmobiliario.