Ante la crisis institucional que enfrenta el Instituto Nacional Electoral (INE), la consejera presidenta provisional, Blanca Cruz García, anunció una revisión del desempeño de funcionarios que ocupan cargos de decisión, de los procedimientos de contratación y del manejo de los recursos públicos, con el objetivo de investigar posibles irregularidades y recuperar la confianza ciudadana.
La funcionaria señaló que las diez consejerías acordaron impulsar una nueva etapa de conducción colegiada, fortalecer el diálogo interno y garantizar la continuidad de las actividades del organismo durante la transición en la presidencia.
En conferencia de prensa con los diez consejeros, Cruz García informó que se presentaron tres renuncias: la del titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI), la de la titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, y la de quien ocupaba el cargo de Recursos Materiales en la Dirección Ejecutiva de Administración.
Explicó que las renuncias serán tramitadas y que las vacantes se cubrirán temporalmente mediante encargadurías de despacho. Para ello, el Consejo General evaluará perfiles del personal que ya labora en las áreas, considerando su experiencia, capacidad técnica y conocimiento de las funciones correspondientes.
La revisión no se limitará a los tres puestos. La presidenta provisional indicó que las consejerías analizarán otros perfiles directivos que pudieran estar relacionados con señalamientos, por lo que no descartó que se presenten más renuncias, aunque aclaró que hasta ese momento no tenían conocimiento de otras separaciones.
Subrayó que la renovación de responsabilidades debe realizarse con apego a la ley y responder a las necesidades institucionales, así como a los acuerdos del órgano colegiado, y no a lealtades personales.
Revisarán contratos y uso de recursos públicos
Como parte de las medidas acordadas, el INE revisará las contrataciones que se encuentran en curso, pendientes de firma o que ya fueron iniciadas. La Dirección Ejecutiva de Administración tendrá un papel central en el análisis de los procedimientos para determinar su situación y verificar cómo se han desarrollado.
Durante la conferencia, la consejera Carla Humphrey planteó la necesidad de fortalecer la trazabilidad de los contratos, es decir, dar seguimiento puntual a cada etapa de las adquisiciones, desde la asignación hasta la entrega de los bienes o servicios.
También propuso privilegiar las licitaciones públicas sobre las adjudicaciones directas, al considerar que estos procedimientos contribuyen a mejorar la transparencia y reducir los riesgos de prácticas indebidas.
Como ejemplo de las situaciones que requieren revisión, mencionó retrasos en la entrega de credenciales para votar que, según expuso, llegaron a prolongarse más allá de los plazos previstos. Señaló que, ante esos incumplimientos, se solicitaron informes y se planteó la aplicación de penas convencionales a los proveedores.
Las consejerías coincidieron en que el manejo de los recursos públicos debe estar acompañado de mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas que permitan conocer cómo se toman las decisiones administrativas y qué responsabilidades corresponden a cada área.
INE colaborará en investigaciones por posibles irregularidades
Blanca Cruz García anunció que el instituto promoverá la cooperación institucional para contribuir a las investigaciones sobre posibles conductas indebidas atribuidas a funcionarios actuales o anteriores.
Precisó que las acciones se realizarán por conducto del Órgano Interno de Control (OIC), instancia competente, y en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dentro de las atribuciones legales de cada organismo.
La consejera presidenta provisional aclaró que las revisiones no implican anticipar responsabilidades ni emitir juicios sobre las personas señaladas, sino garantizar que cualquier posible irregularidad sea investigada con rigor, independencia y respeto al debido proceso.
“La autonomía del INE no significa ausencia de controles, exige sí responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas”, sostuvo.
Al respecto, Humphrey Jordan recordó que el OIC presenta informes periódicos al Consejo General sobre sus investigaciones y sanciones. Explicó que parte de la información se mantiene bajo reserva por razones relacionadas con la presunción de inocencia, la confidencialidad de los procedimientos y la protección de datos personales.
Los cuestionamientos de los medios también abordaron posibles conflictos de interés y presuntos vínculos entre funcionarios y proveedores. Ante ello, las consejerías señalaron la importancia de fortalecer los mecanismos de vigilancia para evitar que relaciones personales interfieran en las decisiones administrativas.
Consejerías buscan recuperar la colegialidad
Además de la revisión administrativa, las diez consejerías acordaron recuperar la colegialidad como principio de conducción institucional, con mayor diálogo, deliberación y participación en la toma de decisiones.
Cruz García sostuvo que el INE no debe depender de una sola voluntad, sino de un Consejo General plural, donde las diferencias formen parte de la discusión y los acuerdos reflejen una responsabilidad compartida.
La consejera enfatizó que la transición no debe entenderse únicamente como el relevo de una persona por otra, sino como una oportunidad para fortalecer al organismo, revisar su funcionamiento interno y reconstruir la confianza ciudadana.
También informó que el encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva permanecerá en funciones durante la transición, con el propósito de evitar interrupciones en la operación institucional.
Las consejerías reconocieron que el INE enfrenta una situación compleja y manifestaron su compromiso de trabajar de manera coordinada, aun cuando existan diferencias en las deliberaciones y votaciones del Consejo General.
INE garantiza continuidad de las elecciones de 2027
Pese a la crisis institucional, Blanca Cruz García aseguró que los preparativos del proceso electoral 2026-2027 continuarán conforme a los calendarios y procedimientos establecidos.
Afirmó que el organismo está preparado para cumplir con su responsabilidad constitucional de organizar elecciones libres, auténticas y transparentes, y destacó que su funcionamiento no depende exclusivamente de las oficinas centrales ni de quienes ocupan temporalmente los cargos directivos.
Como respaldo de la continuidad operativa, mencionó las 32 juntas locales ejecutivas y las 300 juntas distritales ejecutivas, que integran una estructura de 332 órganos desconcentrados en el territorio nacional.
Señaló que estos órganos, conformados por personal con experiencia y profesionalismo, mantienen sus actividades y garantizan la operación del servicio electoral.
La presidenta provisional concluyó que la transición debe servir para fortalecer la institución, recuperar la deliberación colectiva y garantizar que las decisiones se tomen con apego a la legalidad.
“El Instituto Nacional Electoral sigue adelante”, afirmó.