El senador de Morena, Pável Jarero Velázquez, autor de la modificación legal que en 2024 otorgó facultades unipersonales a Guadalupe Taddei para designar y remover funcionarios de primer nivel del Instituto Nacional Electoral (INE), defendió su propuesta y rechazó haberse equivocado, pese a los señalamientos de presunta corrupción que rodean la salida de la ex presidenta del INE.
El morenista descartó arrepentirse de la modificación y argumentó que corresponde a las instancias fiscalizadoras investigar las presuntas irregularidades y aplicar sanciones cuando existan elementos.
“No, no, porque cada uno de nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestra conducción”, justificó
La reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) permitió que Taddei nombrara y removiera directamente a titulares de la estructura administrativa y unidades técnicas del INE, incluida la Secretaría Ejecutiva, sin necesidad de consultar ni obtener la aprobación del Consejo General.
Con ello, las decisiones sobre cargos estratégicos dejaron de depender de acuerdos colegiados entre consejeros y quedaron concentradas en la presidencia del organismo electoral.
Cuestionado sobre si fue un error conceder esos llamados “superpoderes”, Pavel Jarero sostuvo que el propósito era evitar enfrentamientos internos y facilitar la integración del equipo de trabajo de quien encabezara el Instituto.
“Lo que se busca es que no hubiera controversias al interior y darle esa atribución a quien presida el órgano electoral”, explicó.
En la misma línea, la senadora de Morena Margarita Valdés rechazó derogar las facultades otorgadas a Taddei, al considerar que deben distinguirse las reformas legales de las actuaciones individuales de los funcionarios.
“No hay que regresar al pasado”, afirmó, al defender que las disposiciones deben aplicarse conforme a derecho.
En contraste, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, exigió restablecer los contrapesos internos del INE y acusó a Morena de haber concentrado el poder en una sola persona.
“Le dieron todo el poder a una sola persona”, sostuvo, al advertir que la ausencia de controles facilitó presuntas irregularidades administrativas.
Anaya demandó investigaciones y sanciones, además de una reforma que devuelva al Consejo General su participación en los nombramientos.
Por su parte, el coordinador del PRI, Manuel Añorve, anunció la presentación de una iniciativa para retirar esas atribuciones a quien ocupe la presidencia del INE.
Aseguró que los cambios impulsados por Morena rompieron los equilibrios institucionales y contribuyeron a una crisis de credibilidad del árbitro electoral.
“Tenemos que regresar al equilibrio interno que se tenía”, señaló, al reclamar que se investiguen los presuntos conflictos de intereses, desvíos de recursos y contrataciones irregulares.