La Auditoría Superior de la Federación (ASF) investiga al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) ante posibles irregularidades en la asignación de contratos y conflictos de interés, informó su titular, Aureliano Hernández.
Tras la entrega de informes de la Cuenta Pública 2025, en los que se reportaron más de 9 mil millones de pesos pendientes de aclarar en los tres órdenes de gobierno, el auditor explicó que las indagatorias buscan identificar cómo se distribuyen y ejercen los recursos públicos destinados a los organismos electorales.
Detalló que se analizará el recorrido del dinero desde su llegada a las entidades federativas hasta su asignación a los organismos locales, así como el destino final de los recursos.
“Vamos a hacer un estudio pormenorizado desde el comportamiento del año 2000 a la fecha para ver qué cuentan los OPLES con información y exigirles que nos rindan cuentas en función de posibles sobreprecios”, señaló.
Hernández indicó que la Auditoría puso en marcha un esquema de inteligencia para identificar posibles vínculos entre servidores públicos de los organismos electorales y otros funcionarios, como parte de las investigaciones sobre las presuntas irregularidades.
Aseguró que las revisiones serán exhaustivas y que también se tomará en cuenta la información difundida por los medios de comunicación.
“Son materia de la investigación que estamos llevando a cabo, estamos siendo muy exhaustivos, también estamos utilizando la información que los medios han estado otorgando”, afirmó.
La investigación busca esclarecer las posibles irregularidades en el manejo de recursos y la contratación de servicios por parte de las autoridades electorales. Hasta el momento, la información proporcionada no establece responsabilidades definitivas.