
El vicecoordinador de los diputados de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue presuntos actos de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE) y exigió sanciones penales contra su expresidenta, Guadalupe Taddei, a quien responsabilizó de las supuestas anomalías.
En la comparecencia del titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, el legislador sostuvo que existen indicios para profundizar las indagatorias sobre la contratación de proveedores de materiales e insumos electorales, así como posibles irregularidades administrativas y financieras.
“La señora Guadalupe Taddei debe de ir a la cárcel, deben de fincarse la responsabilidad administrativa y también responsabilidades penales”, declaró.
Ramírez Cuéllar también solicitó que la FGR intervenga para investigar a las empresas proveedoras señaladas y, de acuerdo con su planteamiento, asegure sus bienes y cuentas como parte de las acciones contra las posibles irregularidades.
El diputado consideró necesario realizar un “maxiproceso” para esclarecer el funcionamiento de una presunta red de complicidades en las adquisiciones electorales, la cual, afirmó, habría operado durante varios años.
“El país necesita un maxiproceso. Creo que el anterior titular del órgano interno de control y el anterior Auditor Superior de la Federación nos deben informaciones más claras”, sostuvo.
Añadió que las indagatorias deben determinar las responsabilidades correspondientes y revisar cómo se habría desarrollado ese esquema, al que calificó como un “cártel” y un sistema de intermediación irregular en las contrataciones.
Pide citar al SAT y a autoridades de competencia económica
El legislador advirtió que los señalamientos adquieren relevancia ante el proceso electoral de 2027, por lo que llamó a la Cámara de Diputados a profundizar las acciones para combatir la corrupción y reducir la impunidad.
Afirmó que las posibles anomalías no se limitarían al INE, sino que también podrían involucrar a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), por lo que consideró necesario revisar las prácticas de contratación en esas instituciones.
Además, Ramírez Cuéllar planteó convocar a reuniones inmediatas con la titular de la autoridad de competencia económica, con el propósito de conocer posibles acuerdos entre empresas proveedoras y contratistas.
“Para que nos dé cuenta de la coalición que se estableció entre los distintos proveedores y contratistas”, explicó.
Asimismo, pidió llamar a comparecer a autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT), al considerar que las investigaciones deben examinar posibles esquemas de facturación falsa y operaciones simuladas.
“Porque lo que estamos viendo es una red tupida de complicidades en materia de facturación falsa y también de operaciones simuladas que afectan de manera decidida la transparencia, los ahorros, y la eficiencia de órganos independientes como el que queremos fortalecer”, argumentó.
Ramírez Cuéllar sostuvo que el esclarecimiento de estos señalamientos requiere la intervención de distintas autoridades y medidas que permitan determinar si existieron irregularidades, identificar a los responsables y establecer las sanciones correspondientes.