La bancada del PT, en la Cámara de Diputados, propuso prohibir la gestación subrogada en México y establecer penas de hasta 25 años de prisión para quienes participen en estos procedimientos, mediante una iniciativa que plantea reformas a la Ley General de Salud, la Ley en materia de Trata de Personas y el Código Penal Federal.
La propuesta, presentada por la diputada Nora Merino Escamilla busca incorporar la explotación reproductiva como una modalidad de explotación de personas y sancionar a quienes, mediante acuerdos o contratos, obtengan que una mujer geste a una persona para entregarla a alguien distinto o para que su filiación quede a favor de otra persona.
De acuerdo con la iniciativa, quienes realicen, ejecuten, promuevan, faciliten, financien, publiciten o intermedien en estos procedimientos podrían recibir de seis a 17 años de prisión; en tanto, a quienes contraten la práctica para obtener o pretender conseguir la entrega de la persona nacida se les aplicarían las sanciones previstas en la propuesta.
En la Ley General de Salud también se plantea imponer de cuatro a nueve años de prisión y multas de 10 mil a 15 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a responsables, directores, propietarios, administradores o encargados de establecimientos de salud que permitan estos procedimientos o no procuren impedirlos. Además, se contempla la clausura definitiva de los establecimientos.
La misma sanción se propone para quienes administren agencias, despachos u oficinas dedicados a la intermediación en gestación subrogada.
Por otra parte, la iniciativa plantea incorporar un artículo 31 Bis a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, con penas de 15 a 25 años de prisión y de dos mil a 30 mil días multa para quienes obtengan que una mujer geste a una persona con el propósito de entregarla a un tercero.
Estas sanciones también alcanzarían a quienes capten, recluten, trasladen, alojen o retengan a mujeres con ese fin, así como a quienes promuevan, financien o intermedien en la práctica.
La propuesta contempla que las penas aumenten hasta en una mitad cuando la mujer gestante sea menor de edad, pertenezca a una comunidad indígena o afromexicana, se encuentre en situación de pobreza, migración o vulnerabilidad, o cuando el responsable sea servidor público o integrante de la delincuencia organizada.
El proyecto establece que la mujer gestante no será considerada responsable de estos delitos y tendrá en todo momento la calidad de víctima, con derecho a medidas de protección, asistencia y reparación.
Asimismo, plantea adicionar el artículo 366 Quinquies al Código Penal Federal para castigar con ocho a 15 años de prisión y de mil a cinco mil días multa a quien entregue o reciba a una persona recién nacida en cumplimiento de un acuerdo de gestación subrogada, cuando el hecho no constituya trata de personas.
La misma pena se aplicaría a quienes simulen un parto, alteren o falsifiquen registros de nacimiento o proporcionen información falsa a autoridades registrales o judiciales con ese propósito. La mujer que haya gestado tampoco sería sancionada por estas conductas.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Salud y de Justicia para dictamen, así como a la Comisión de Derechos Humanos para opinión.