La bancada de Morena en la Cámara de Diputados planteó fortalecer los mecanismos de búsqueda de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas, a fin de evitar que prejuicios sobre su vida privada, relaciones personales o la posibilidad de que se hayan ausentado voluntariamente retrasen la actuación de las autoridades.
La vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez Godoy, señaló que los protocolos de búsqueda deben incorporar una perspectiva de género y contemplar una evaluación temprana de posibles riesgos de violencia feminicida y otras agresiones, para que las investigaciones se activen sin demoras y sin condicionar la intervención institucional a las circunstancias personales de las víctimas.
Al referirse a la política nacional de búsqueda de personas desaparecidas, Jiménez Godoy sostuvo que el Congreso debe acompañar las acciones del gobierno federal mediante herramientas legales, seguimiento institucional y respaldo a las familias que continúan buscando a sus seres queridos.
Como parte de los resultados en esta materia, destacó que, de acuerdo con información de la Secretaría de Gobernación difundida en octubre, durante 2026 se ha logrado localizar a más de 16 mil personas. Sin embargo, consideró que estos avances deben acompañarse de esfuerzos permanentes para atender los casos que continúan sin resolverse.
La diputada también resaltó los trabajos de identificación humana realizados en colaboración con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que desde enero de 2023 han permitido restituir la identidad de más de 24 mil personas fallecidas mediante el cotejo de huellas dactilares de los servicios forenses con los registros del Instituto Nacional Electoral (INE).
Explicó que estos procedimientos contribuyen a avanzar en la identificación de personas fallecidas y permiten que sus familias puedan recibir información sobre su paradero, así como acceder a los procesos de notificación correspondientes.
En el ámbito legislativo, la también secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales recordó que en 2025 se aprobaron reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, así como a la Ley General de Población, publicadas el 16 de julio de ese año.
Entre los cambios destacó la obligación de iniciar una carpeta de investigación por cada reporte de desaparición y activar de inmediato los mecanismos de búsqueda, sin esperar a que transcurra un plazo determinado.
Las modificaciones también contemplaron instrumentos como la Plataforma Única de Identidad, las fichas de búsqueda y la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas, con el propósito de facilitar el intercambio de información y la coordinación entre las instituciones encargadas de buscar, investigar e identificar a las personas.
Ante este escenario, Jiménez Godoy planteó dar seguimiento a la aplicación de las reformas, revisar las necesidades presupuestales de las dependencias responsables e identificar posibles modificaciones legales a partir de las experiencias y necesidades de las familias y personas buscadoras.
Subrayó que quienes buscan a una persona desaparecida deben tener un papel central en la construcción de las políticas públicas, por lo que consideró necesario garantizar espacios de escucha y participación, además de acceso a información y acompañamiento institucional.
La legisladora sostuvo que el trabajo del Congreso debe contribuir a fortalecer las capacidades de las autoridades y garantizar que las familias reciban una atención oportuna y coordinada, así como avanzar en el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas de desaparición.