La Secretaría de Salud, dio a conocer que México obtuvo una calificación de 95.6%, en el Atlas de Políticas de Anticoncepción de América Latina y el Caribe 2026, elaborado por el Foro Parlamentario Europeo para los Derechos Sexuales y Reproductivos (EPF).
La evaluación tomó en cuenta 22 indicadores relacionados con políticas públicas, acceso y financiamiento.
En este sentido, destacó que dicho reconocimiento se otorgó, como resultado del impulso a políticas públicas para garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, a través del Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva (CNEGSSR).
Entre los aspectos destacados de México se encuentran el reconocimiento legal de los derechos reproductivos, la actualización de la estrategia nacional de planificación familiar, la cobertura pública de métodos anticonceptivos y la disponibilidad de servicios dirigidos a adolescentes y jóvenes.
Los resultados se presentaron en el marco de la tercera edición de los Diálogos por la Anticoncepción y la Planificación Familiar, encuentro que reunió a representantes de instituciones públicas, organismos internacionales, especialistas y organizaciones de la sociedad civil para intercambiar experiencias y promover la colaboración en materia de salud sexual y reproductiva.
La directora general del CNEGSSR, Teresa Ramos, señaló que este resultado reconoce los avances del país en la construcción de políticas públicas de anticoncepción y planificación familiar, así como la importancia de continuar ampliando el acceso a servicios gratuitos, oportunos y de calidad, con especial atención a las personas que enfrentan mayores barreras de acceso.
Asimismo, subrayó la necesidad de fortalecer la disponibilidad de métodos anticonceptivos, la capacitación del personal de salud y la coordinación interinstitucional, con el propósito de reducir las brechas sociales y territoriales en el acceso a estos servicios.
La Secretaría de Salud, a través del CNEGSSR, refrendó su compromiso con las políticas de anticoncepción y planificación familiar que contribuyen a prevenir embarazos no intencionados, reducir el embarazo en adolescentes, favorecer la salud materna y garantizar el ejercicio informado de los derechos sexuales y reproductivos.