El Instituto Nacional Electoral (INE) dará vista a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre presuntos actos de corrupción atribuidos a la expresidenta del organismo, Guadalupe Taddei Zavala, y a otros funcionarios, informó este lunes la presidenta provisional del Consejo General, Blanca Yassahara Cruz García.
La determinación significa que el INE remitirá a la FGR la información y los elementos con los que cuenta para que el Ministerio Público federal analice si existen hechos que puedan constituir delitos y, en su caso, inicie o continúe las investigaciones correspondientes.
Dar vista a la Fiscalía, ergo, no equivale a una acusación formal ni supone que exista responsabilidad penal acreditada.
De acuerdo con Blanca Cruz, el Consejo General acordó presentar la información relacionada con los presuntos actos de corrupción detectados durante la gestión de Guadalupe Taddei y de funcionarios del instituto.
Esto se suma, asimismo, a la revisión interna emprendida por el INE tras la renuncia de Taddei y a las investigaciones administrativas que ya se desarrollan con apoyo del Órgano Interno de Control (OIC) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
En las últimas horas, además, el organismo también anunció cambios en áreas estratégicas y la salida de diversos funcionarios cercanos a la ex consejera presidenta.
Qué delitos podría investigar la FGR y cuál es la pena?
La remisión del expediente por parte del INE no implica que exista responsabilidad penal, pero permite que la Fiscalía determine si los hechos pueden encuadrar en delitos previstos en el Código Penal Federal.
Entre ellos destacan el ejercicio abusivo de funciones, el uso ilícito de atribuciones y facultades, el cohecho y el peculado, dependiendo de las conductas que logren acreditarse durante la investigación.
De acuerdo al sitio especializado Justia, los casos de mayor cuantía, el ejercicio abusivo de funciones contempla penas de dos a doce años de prisión, además de multa e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
El cohecho puede castigarse con dos a catorce años de prisión cuando el beneficio indebido supera el umbral previsto por la ley.
En tanto, el peculado también prevé sanciones que pueden alcanzar hasta catorce años de prisión, además de multas, destitución e inhabilitación, cuando el monto de los recursos públicos involucrados rebasa el límite establecido por la legislación