El Instituto Nacional Electoral (INE) firmará este viernes 6 de noviembre un convenio de colaboración con cinco instituciones federales para establecer mecanismos de intercambio de información que permitan evaluar la integridad y los posibles riesgos de las personas que aspiren a una candidatura en el próximo proceso electoral.
El acuerdo será suscrito con la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy Ramos; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Omar García Harfuch; el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dirigido por Francisco Almazán Barocio; la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), cuyo titular es Ángel Cabrera Mendoza, y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Omar Reyes Colmenares.
El objetivo es evitar la infiltración de la delincuencia organizada y de cualquier otra expresión de criminalidad entre las personas aspirantes a candidaturas partidistas e independientes, mediante un procedimiento de verificación de integridad y evaluación de riesgo razonable.
De acuerdo con el INE, el convenio facilitará el intercambio de información entre las instituciones participantes para que las autoridades competentes puedan realizar las evaluaciones correspondientes, de acuerdo con sus propias metodologías y criterios.
Como parte del mecanismo, los partidos políticos y las personas interesadas en obtener una candidatura independiente podrán entregar voluntariamente los listados de quienes pretendan postular, siempre que estén acompañados del consentimiento informado de cada aspirante.
Posteriormente, el organismo electoral remitirá las solicitudes a las dependencias correspondientes, que determinarán si existen elementos para considerar que alguna persona representa un riesgo razonable.
El INE destacó que este mecanismo busca fortalecer la autenticidad de las postulaciones y establecer la integridad de las candidaturas como un estándar de probidad pública y responsabilidad democrática.
Asimismo, subrayó que la aplicación del procedimiento deberá garantizar el respeto irrestricto a los derechos político-electorales de las personas aspirantes.