La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a 40 personas y empresas vinculadas con proveedores electorales a la Lista de Personas Bloqueadas, luego de identificar operaciones financieras con elementos de riesgo que ameritan la revisión de las autoridades competentes.
En un comunicado difundido el 4 de noviembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detalló que la medida comprende a 25 personas físicas y 15 personas morales, derivado de los análisis financieros realizados por la UIF en el ámbito de sus atribuciones.
¿Qué sigue después del bloqueo de cuentas a Taddei?
El caso relacionado con la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) abrió un nuevo capítulo.
Después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a 25 personas físicas y 15 empresasvinculadas con proveedores electorales a la Lista de Personas Bloqueadas, el expediente pasó del ámbito administrativo al penal con la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
La Secretaría de Hacienda explicó que el bloqueo de cuentas es una medida preventiva derivada de análisis financieros que detectaron operaciones con elementos de riesgo, por lo que ahora corresponderá a la FGR determinar si existen conductas que constituyan delitos y, en su caso, fincar responsabilidades.
La dependencia también precisó que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas no representa una resolución definitiva y que los involucrados conservan su derecho de audiencia y defensa.
Esta medida ocurre días después de que el caso escalara con la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del INE y la difusión de investigaciones sobre presuntas irregularidades en la contratación de proveedores de material electoral durante su administración.
Además de la investigación financiera, el caso enfrenta revisiones paralelas: la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación sobre contrataciones del INE, del extinto IFE y de organismos públicos locales electorales entre 2000 y 2025 para detectar posibles patrones de concentración de contratos, simulación de competencia y otras irregularidades administrativas.
En tanto, la FGR será la dependencia que deberá determinar si los elementos recabados permiten iniciar o ampliar carpetas de investigación en contra de Guadalupe Taddei y establecer las responsabilidades que correspondan conforme a la ley.