El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó 29 proyectos de resolución relacionados con presuntas infracciones a la normativa electoral, entre los que destacan procedimientos por afiliaciones indebidas y uso no autorizado de datos personales, que derivaron en multas superiores a los 55 millones de pesos contra Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Acción Nacional (PAN).
Las resoluciones se sustentan en procedimientos en los que se acreditó la vulneración al derecho de libre afiliación de diversas personas, debido a que los partidos políticos involucrados no pudieron demostrar que las incorporaciones denunciadas contaran con el consentimiento de los ciudadanos.
Con estas determinaciones, el organismo electoral estableció sanciones económicas a las tres fuerzas políticas por las irregularidades acreditadas en los expedientes correspondientes.
Durante la misma sesión, el Consejo General también resolvió tres procedimientos relacionados con personas aspirantes a Supervisoras Electorales (SE) y Capacitadoras Asistentes Electorales (CAE), quienes presuntamente proporcionaron información falsa al Instituto respecto de su afiliación partidista.
En estos casos, al acreditarse las infracciones, se determinó imponer amonestaciones públicas a las personas involucradas. Además, se aprobó dar vista a la Secretaría Ejecutiva del INE para que analice las irregularidades detectadas en la aplicación oportuna de los apercibimientos establecidos en la Adenda del Proceso Electoral Federal 2023-2024.
Por otra parte, el órgano colegiado aprobó dar vista a los órganos de control interno de la Alcaldía Iztapalapa y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debido a que autoridades municipales no atendieron requerimientos de información formulados por la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF).
La información solicitada estaba relacionada con permisos para la colocación de propaganda electoral en la vía pública, por lo que corresponderá a las instancias de control determinar las posibles responsabilidades dentro de sus respectivas atribuciones.
Asimismo, el Consejo General sancionó con una amonestación pública a la Agrupación Política Nacional “Asociación de Profesionales por la Democracia y el Desarrollo”, por informar sobre cambios en sus órganos de dirección con cuatro días hábiles de retraso respecto del plazo establecido en la legislación electoral.
Aprueba INE programa de transparencia para 2026-2027
En otro punto de la sesión, el Consejo General aprobó por unanimidad el Programa Anual de Trabajo 2026-2027 de la Comisión Temporal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, presentado por su presidente, el consejero Jorge Montaño Ventura.
El programa está estructurado en nueve ejes estratégicos y tiene como objetivo consolidar al INE como autoridad garante en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.
Durante la presentación, Montaño Ventura explicó que el propósito es que la transparencia se traduzca en información útil, decisiones comprensibles y resultados verificables para la ciudadanía, mediante mecanismos de rendición de cuentas, responsabilidades definidas y evaluación de compromisos institucionales.
Entre las principales líneas de trabajo se encuentran el fortalecimiento del marco normativo, la atención de recursos de revisión, la verificación de obligaciones de transparencia, la capacitación del personal, la coordinación con otras instituciones y la promoción de información de interés público.
También contempla acciones para fortalecer la protección de datos personales, garantizar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO), mejorar la gestión documental y establecer mecanismos de seguimiento y evaluación permanente.
El consejero destacó que el cumplimiento de estos objetivos permitirá dar continuidad a las actividades institucionales y detectar oportunamente pendientes, riesgos y áreas de oportunidad.
Con ambas determinaciones, el Consejo General avanzó tanto en la resolución de procedimientos sancionadores por infracciones electorales como en la aprobación de una agenda de trabajo orientada a fortalecer la transparencia y la protección de los derechos ciudadanos dentro del Instituto Nacional Electoral.