El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) solicitará a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión integral de las adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados por el organismo durante el periodo 2016-2026, como parte de una serie de acciones para fortalecer la transparencia y los mecanismos de control institucional ante los señalamientos relacionados con sus procedimientos de contratación.
La decisión contempla también la implementación de medidas para reforzar la rendición de cuentas, habilitar mecanismos de denuncia y dar seguimiento específico a los contratos vinculados con la organización del Proceso Electoral Federal Concurrente 2026-2027. Además, se aprobó la elaboración de un Plan de Acción Crítico para garantizar que las contrataciones indispensables continúen y no afecten las actividades del Instituto ni la preparación de los próximos comicios.
Entre las disposiciones acordadas se encuentra la colaboración plena del INE con las autoridades fiscalizadoras, así como la conservación inmediata de documentos físicos y electrónicos relacionados con los procesos de contratación. También se integrará un inventario institucional de adquisiciones y se entregará oportunamente la información que soliciten las instancias competentes.
El acuerdo establece que será exclusivamente la ASF la encargada de determinar el alcance de la revisión, la muestra, los procedimientos y las modalidades de fiscalización que considere necesarias. De esta manera, el organismo electoral dejará en manos de la autoridad fiscalizadora la definición de los mecanismos para examinar sus contrataciones.
Como parte de las acciones adicionales, se plantea revisar el padrón de proveedores del Instituto, habilitar un mecanismo para recibir información sobre posibles hallazgos y solicitar datos a otras autoridades, de acuerdo con sus respectivas atribuciones. También se evaluarán medidas para mejorar los procedimientos de contratación y supervisión institucional.
El INE señaló que estas acciones buscan facilitar las revisiones, fortalecer sus controles internos y garantizar la colaboración con las autoridades correspondientes. Asimismo, precisó que cualquier determinación sobre posibles irregularidades o responsabilidades deberá realizarse mediante los procedimientos establecidos en la ley, respetando la presunción de inocencia y el debido proceso.
Consejerías respaldan revisión de contrataciones
Durante la discusión del acuerdo, la consejera Carla Humphrey Jordan pidió reforzar los mecanismos de fiscalización y vigilancia del gasto institucional. Consideró que la revisión de las adquisiciones y los contratos del INE debe realizarse sin dejar aspectos pendientes, al señalar que la ciudadanía tiene derecho a conocer el destino de los recursos públicos y las medidas adoptadas ante posibles fallas administrativas.
“La democracia también se honra en las cuentas que entregamos, en el orden que demostramos y en la salvaguarda del gasto que ejercemos con total transparencia y rendición de cuentas”, expresó.
Humphrey Jordan también planteó la necesidad de realizar cambios de fondo en la administración del organismo electoral y sostuvo que es necesario incrementar los procesos de licitación para reducir las adjudicaciones directas. “Necesitamos más licitaciones y menos adjudicaciones directas”, afirmó.
Por su parte, el consejero Arturo Castillo Loza respaldó las medidas extraordinarias aprobadas por el Consejo General, al considerar que la institución atraviesa “la crisis histórica más grave que ha vivido esta institución”.
Entre las acciones que apoyó destacó la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la puesta en marcha de mecanismos para detectar posibles riesgos de corrupción y la presentación de las denuncias que correspondan.
Además, hizo un llamado a la Fiscalía General de la República para que valore las diligencias necesarias y la posible aplicación de las disposiciones contempladas en el artículo 19 constitucional en materia de delitos de corrupción.