La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, presentó una investigación sobre el origen y la expansión de una red empresarial dedicada a proveer bienes y servicios a organismos electorales, cuyos antecedentes se remontan al menos 27 años y que habría acumulado contratos por más de 2 mil millones de pesos entre 2014 y 2023.
Durante la presentación, la funcionaria explicó que el análisis se elaboró a partir de información de fuentes abiertas, principalmente de la Plataforma Nacional de Transparencia y del Compranet Histórico, con el propósito de identificar cómo surgieron las empresas, quiénes están detrás de ellas y de qué manera lograron consolidar su participación en las contrataciones de autoridades electorales.
De acuerdo con Buenrostro, los principales personajes identificados son los hermanos José Alfredo Hernández-Casillas y Reino Hernández-Casillas, quienes comenzaron su trayectoria en el servicio público en 1983, dentro de la Secretaría de Gobernación, particularmente en el Registro Nacional de Población (Renapo).
La investigación señala que ambos estuvieron vinculados laboralmente con Juan Carlos Padilla Aguilar. José Alfredo Hernández-Casillas se desempeñó como secretario particular del entonces director general del Renapo, mientras que posteriormente coincidieron en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), adonde llegaron en 1989.
En esa institución, José Alfredo continuó como secretario particular de Padilla Aguilar, mientras que Reino Hernández-Casillas se incorporó al área de investigaciones.
Posteriormente, Padilla Aguilar se trasladó al Estado de México, donde ocupó distintos cargos públicos, entre ellos el de secretario de Obras entre 1989 y 1993. Los hermanos Hernández-Casillas, por su parte, dejaron el servicio público y comenzaron a desarrollar actividades empresariales, constituyendo sociedades que posteriormente participarían en contrataciones con organismos electorales.
Antecedentes en el Estado de México
Uno de los primeros antecedentes identificados por la investigación corresponde a finales de la década de 1990, cuando empresas vinculadas con los Hernández-Casillas comenzaron a participar como proveedoras de instituciones electorales.
El caso adquirió notoriedad en 2005, cuando se registró un escándalo relacionado con contrataciones en el Instituto Electoral del Estado de México. Según la exposición de Buenrostro, la controversia escaló al punto de provocar la renuncia de siete consejeros electorales.
La funcionaria explicó que, tras ese episodio, el grupo empresarial continuó diversificándose y, entre 2012 y 2013, comenzó a constituir nuevas empresas para ampliar su participación en el mercado de servicios electorales.
La reforma de 2014 y la expansión de los contratos
Un punto central de la investigación es la reforma electoral de 2014, mediante la cual el entonces Instituto Nacional Electoral (INE) adquirió nuevas atribuciones, entre ellas la facultad de designar a los integrantes de los organismos públicos locales electorales (OPLE) de las 32 entidades federativas.
Buenrostro expuso que, durante el periodo en que el Consejo General del INE tuvo esa facultad, entre 2014 y 2023, las empresas relacionadas con los hermanos Hernández-Casillas obtuvieron contratos en 23 de los 32 organismos electorales locales, por un monto superior a los 2 mil millones de pesos.
Entre los nombramientos realizados en ese periodo se encuentra el de Guadalupe Taddei, quien fue designada presidenta del organismo electoral de Sonora el 1 de octubre de 2014 por el Consejo General del INE.
La presentación también documentó que, entre 2024 y 2025, la red empresarial continuó obteniendo contratos, aunque su presencia disminuyó a 15 de los 32 organismos electorales, con un monto identificado de 646 millones de pesos.
La secretaria advirtió que las cifras podrían modificarse conforme avancen las auditorías y las investigaciones de las autoridades, debido a que la información disponible en plataformas públicas no necesariamente contiene la totalidad de los procedimientos de contratación.
Entre las empresas mencionadas en la investigación se encuentran Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplas de México y otras sociedades vinculadas con el mismo grupo familiar.
Presuntas empresas fachada y simulación de competencia
La investigación identificó posibles patrones de operación que, de acuerdo con Buenrostro, son característicos de empresas fachada y esquemas de simulación de competencia.
Entre las irregularidades señaladas se encuentran sociedades que comparten domicilios, carecen de personal registrado o de capacidad técnica suficiente para prestar los servicios contratados y presentan vínculos familiares entre sus principales accionistas.
La funcionaria también explicó que algunas de estas empresas habrían participado en procedimientos de licitación simulando competencia entre proveedores, pese a que detrás de distintas razones sociales se encontrarían los mismos beneficiarios finales.
Según la exposición, una vez obtenidos los contratos, los recursos presuntamente eran transferidos y dispersados hacia otras empresas.
Buenrostro señaló que los hermanos Hernández-Casillas habrían trasladado progresivamente el control de varias sociedades a sus familiares, entre ellos Fernando Hernández Velázquez y Tatiana Patricia Hernández Velázquez, quienes aparecen con participación en distintas compañías.
Añadió que algunas empresas relacionadas con este grupo ya habían sido identificadas en años anteriores por autoridades fiscales como posibles factureras, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene investigaciones sobre sus operaciones.
UIF inmoviliza cuentas y continúan las investigaciones
Durante la presentación también estuvo presente el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, luego de que esa instancia determinara inmovilizar algunas cuentas bancarias a partir de denuncias de la Auditoría Superior de la Federación.
La participación de la UIF busca complementar las investigaciones administrativas y financieras sobre las empresas y las personas relacionadas con las contrataciones.
La Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el caso no debe reducirse a las contrataciones recientes vinculadas con Guadalupe Taddei, sino que debe analizarse a partir de los antecedentes de la red empresarial y de los funcionarios y actores políticos que habrían coincidido con ella a lo largo de varias décadas.
También cuestionó que, durante los nueve años en que el Consejo General del INE tuvo la facultad de nombrar a los consejeros de los organismos locales, no se hubieran establecido mecanismos suficientes para evitar la concentración de contratos en un mismo grupo empresarial.
No obstante, puntualizó que la determinación de responsabilidades corresponde a las instancias competentes, particularmente a la Auditoría Superior de la Federación y a la Fiscalía General de la República.
Plantean cambios para transparentar las contrataciones electorales
Como parte de las medidas para evitar que se repitan estos esquemas, el Gobierno federal anunció que impulsará cambios en los mecanismos de producción y adquisición de materiales electorales.
La Presidenta adelantó que la próxima semana presentará una propuesta para fortalecer Talleres Gráficos de México, organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación encargado de producir las boletas electorales federales.
La iniciativa contempla ampliar la integración de su Consejo de Administración, actualmente conformado por representantes de Gobernación, Anticorrupción y Buen Gobierno y Hacienda, para incorporar a otras dependencias, así como establecer la participación de la Auditoría Superior de la Federación en calidad de observadora y de instituciones académicas como la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico de Monterrey.
Asimismo, planteó abrir a una mayor competencia la fabricación de materiales electorales que no requieren condiciones especiales de seguridad, como urnas y mamparas, a fin de permitir la participación de empresas mexicanas.
El objetivo, explicó, es establecer lineamientos de contratación, licitaciones y precios de referencia que impidan diferencias injustificadas en los costos que pagan los distintos organismos electorales por productos similares.
De cara a las elecciones de 2027, el Gobierno federal planteó que las contrataciones de los organismos electorales cuenten con mayor transparencia, competencia y mecanismos de vigilancia.
La investigación presentada por Buenrostro busca documentar el origen de una red empresarial que, según los datos expuestos, comenzó a relacionarse con instituciones públicas desde finales del siglo pasado y consolidó su presencia en los organismos electorales durante los años posteriores a la reforma de 2014.