La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) determinó inmovilizar cuentas bancarias de personas y empresas relacionadas con las investigaciones por presuntas irregularidades en contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE), caso que involucra a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei.
Durante su conferencia de prensa, la mandataria explicó que la medida se tomó a partir de las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y señaló que, hasta el momento, se había evitado proporcionar información para no afectar el desarrollo de las investigaciones.
Sheinbaum indicó que, de acuerdo con las presunciones de las autoridades, las personas involucradas continuarían en territorio mexicano, aunque precisó que esta situación deberá corroborarse mediante las indagatorias.
La UIF informó que incorporó a 40 objetivos a su Lista de Personas Bloqueadas: 25 personas físicas y 15 empresas, luego de identificar operaciones financieras con elementos de riesgo. Asimismo, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue los hechos y determine si existen responsabilidades.
Las investigaciones también alcanzan a empresas proveedoras de organismos electorales. El Órgano Interno de Control del INE informó sobre cinco compañías con presuntos vínculos entre sí que, entre 2014 y 2025, obtuvieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos de organismos públicos locales electorales. Una de ellas también recibió contratos del INE durante la administración de Taddei.
Por su parte, la ASF abrió investigaciones sobre posibles irregularidades en las contrataciones del INE, el extinto Instituto Federal Electoral y los organismos públicos locales electorales, además de una revisión histórica de adquisiciones para identificar posibles patrones de concentración de proveedores y anomalías en el ejercicio de recursos públicos.
La UIF precisó que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida preventiva y administrativa, por lo que no representa una determinación definitiva de responsabilidad. Las personas y empresas señaladas conservan sus mecanismos de defensa y garantía de audiencia conforme a la legislación.