Organizaciones ambientalistas presentaron un amparo contra las nuevas disposiciones del Gobierno de México que regulan la pesca en el Alto Golfo de California, al considerar que reducen la protección del hábitat de la vaquita marina y aumentan el riesgo de extinción de esta especie, de la que se estima que quedan alrededor de 10 ejemplares.
El Centro para la Diversidad Biológica, Comarino y Greenpeace México promovieron el recurso legal para solicitar la suspensión de las medidas publicadas el pasado 14 de octubre, las cuales redujeron cerca de 86% la superficie donde está prohibido utilizar redes de enmalle o agalleras.
Las organizaciones señalaron que los cambios se realizaron sin consulta pública, lo que, a su consideración, contraviene el Acuerdo de Escazú y vulnera el principio de no regresión ambiental, que impide reducir los niveles de protección ya alcanzados.
De acuerdo con los promoventes, la nueva regulación permite el uso de estas redes en extensas zonas del hábitat de la vaquita marina, además de dejar fuera un área al noroeste de la Zona de Tolerancia Cero, donde se han observado ejemplares durante 2025 y 2026.
Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, advirtió que la reducción de las áreas restringidas representa un riesgo para la supervivencia del cetáceo, debido a que los ejemplares se desplazan fuera de los límites establecidos en los mapas de protección.
Las redes de enmalle, utilizadas principalmente para la captura de camarón y totoaba, representan una de las mayores amenazas para la vaquita marina, debido a que los animales quedan atrapados y mueren por asfixia. La totoaba, un pez también en peligro de extinción, es capturada ilegalmente por el valor comercial de su vejiga natatoria, conocida como buche, cuyo tráfico tiene como destino principalmente Asia.
Las organizaciones también señalaron que las nuevas disposiciones establecen un corredor de navegación de 350 metros de ancho dentro de la Zona de Tolerancia Cero, donde anteriormente estaban prohibidas tanto la pesca como la circulación de embarcaciones.
Además, cuestionaron que la obligación de instalar sistemas de monitoreo satelital en las embarcaciones pesqueras se haya aplazado 12 meses y condicionado a la disponibilidad presupuestal, pese a que estos dispositivos ya comenzaron a instalarse después del inicio de la temporada de camarón.
Ilse Vázquez Maldonado, abogada y activista, señaló que las modificaciones se suman a omisiones de las autoridades para garantizar el cumplimiento de las restricciones pesqueras establecidas desde 2020 y la instalación de sistemas de vigilancia en las embarcaciones.
Por su parte, Yolanda Alaniz, consultora científica de Comarino, recordó que el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (CIRVA) recomendó ampliar las medidas de protección en una zona donde se han registrado ejemplares, mediante la colocación de bloques de concreto con ganchos para impedir el uso de redes, una acción que, afirmó, aún no se ha realizado.
Las organizaciones también reconocieron la necesidad de garantizar alternativas económicas para las comunidades pesqueras, pero consideraron que la protección de la vaquita marina no debe contraponerse al derecho de los habitantes de la región a contar con medios de vida dignos.
En ese sentido, Greenpeace México llamó a impulsar apoyos para que los pescadores transiten hacia métodos de captura sostenibles que no representen un peligro para la especie.
La vaquita marina es uno de los cetáceos más amenazados del mundo. Su población se ha reducido drásticamente: de alrededor de 600 ejemplares en 1997 a una estimación actual de apenas 10.