La Presidenta Claudia Sheinbaum insistió en la necesidad de sanear el Instituto Nacional Electoral (INE) y esclarecer las presuntas irregularidades relacionadas con la contratación de empresas proveedoras de materiales electorales, al señalar que las prácticas denunciadas podrían tener antecedentes desde hace más de 20 años.
Sheinbaum sostuvo que el INE debe garantizar la voluntad popular, organizar elecciones limpias y mantener un funcionamiento basado en la transparencia y la austeridad republicana, sin comprometer sus responsabilidades institucionales.
La mandataria señaló que las presuntas irregularidades podrían haberse presentado durante la gestión de Lorenzo Córdova al frente del entonces Instituto Federal Electoral y posteriormente del INE, e incluso en periodos anteriores.
Sin embargo, aclaró que será la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la instancia encargada de investigar y determinar las posibles responsabilidades.
“Ya lo tendrá que determinar la auditoría”, expresó.
Sheinbaum insistió en que las investigaciones deben abarcar no solamente la administración de Guadalupe Taddei, sino también los ejercicios anteriores y las contrataciones realizadas por los organismos públicos locales electorales.
Entre los puntos que pidió revisar se encuentran los procedimientos de licitación, la asignación de contratos para la elaboración de materiales electorales y los posibles vínculos entre empresas proveedoras e integrantes de las estructuras electorales.
La Presidenta también cuestionó que un número reducido de compañías haya concentrado durante años contratos relacionados con la producción y distribución de materiales para las elecciones.
Afirmó que algunas de estas empresas operarían como intermediarias y subcontratarían a otras compañías para cumplir con los servicios contratados.
En ese contexto, sostuvo que el objetivo de las investigaciones debe ser transparentar el funcionamiento del organismo y evitar que los recursos públicos destinados a la organización electoral se utilicen para generar beneficios particulares.
Sheinbaum acusa intentos de afectar a su movimiento
Durante su intervención, la Presidenta también consideró que la difusión de los señalamientos sobre el INE tendría como propósito afectar al movimiento político que llegó al poder en 2018.
“Todo esto que salió, pues tenía un objetivo de afectar al movimiento al que representamos y que llegó al poder en 2018. Ese es el objetivo”, afirmó.
Sheinbaum sostuvo que su Gobierno continuará defendiendo sus declaraciones y las acciones contra la corrupción, aunque reiteró que las responsabilidades individuales deberán establecerse mediante las investigaciones de las autoridades competentes.
Asimismo, pidió evitar que los señalamientos públicos se conviertan en condenas anticipadas contra personas específicas.
“No porque un periódico señale a alguien ya quiere decir que la persona es responsable de algo”, manifestó, al insistir en que corresponde a las instituciones fiscalizadoras y de procuración de justicia determinar si existieron irregularidades y quiénes serían responsables.
La mandataria también cuestionó los privilegios que, según su exposición, existieron entre antiguos funcionarios electorales, y mencionó los salarios, fideicomisos y posibles beneficios relacionados con el desempeño de cargos públicos.
Rosa Icela Rodríguez respalda el saneamiento del INE
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, manifestó su respaldo a la postura de la presidenta y coincidió en la necesidad de revisar el funcionamiento del organismo electoral.
A través de un mensaje público, la funcionaria expresó su coincidencia con Sheinbaum respecto a la importancia de profundizar las investigaciones y garantizar que el INE opere con transparencia.
“Coincidimos con la Presidenta @Claudiashein en la necesidad de sanear al #INE y ahondar en las investigaciones necesarias para que sea un organismo transparente, libre de negocios al amparo del poder y que garantice elecciones limpias”, publicó.
La funcionaria respaldó así la exigencia de revisar las posibles irregularidades y fortalecer los mecanismos de vigilancia sobre las contrataciones y el manejo de los recursos públicos.