Ante la ola de escándalos y casos de corrupción en organismos públicos, el más reciente el de Guadalupe Taddei en el Instituto Nacional Electoral (INE) El Congreso mexicano prepara un paquete de iniciativas en un intento por reformar de fondo el sistema nacional anticorrupción y limpiar de una vez por todas la vida pública en el ámbito federal, estatal y municipal de México.
El presidente de esta cámara, Higinio Martínez Miranda y el vicecoordinador de Morena en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuellar, explicaron que se trata de un paquete de cambios a la Constitución y a diversas leyes reglamentarias que incluyen eliminar el fuero constitucional para legisladores y servidores públicos a fin de que sean investigados y sancionados.
Además de revisar la inmunidad procesal de legisladores y funcionarios, se plantea modificar los mecanismos del juicio político, reformar el Código Penal para actualizar los delitos relacionados con la corrupción y fortalecer la extinción de dominio, particularmente frente al huachicol fiscal.
Advirtieron que la corrupción es el principal mal que aqueja a nuestro país y es de tal magnitud que no se arreglará con reformas superficiales sino con una que acabe con la simulación que hay en la actualidad.
“Esto de la corrupción en México se tiene que limpiar… no con Vel Rosita, es con aguarrás”, afirmó el presidente del Senado, Higinio Martínez
Acompañado del Ramírez Cuéllar, representantes de universidades, organismos empresariales, instituciones públicas y especialistas, Martínez anunció el avance de un paquete de reformas constitucionales y legales para abrir una nueva etapa en el combate a la corrupción y la impunidad.
A su vez, Ramírez Cuéllar explicó que una de las propuestas centrales es crear un nuevo sistema anticorrupción, debido a que el modelo vigente tiene limitaciones que le han impedido cumplir eficazmente sus objetivos.
Detallo algunos de los cambios legales, destacando el rediseño del Sistema Nacional Anticorrupción SNA y la eliminación del fuero para legisladores y funcionarios públicos que se constituye como una camisa de fuerza para aplicar la justicia en muchos casos.
El paquete contempla una reconstrucción del sistema de fiscalización y auditorías, reformas a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), coordinación con los órganos fiscalizadores estatales y un rediseño de las fiscalías anticorrupción, tanto de la Federación como de las entidades.
El objetivo es integrar equipos de trabajo con legisladores y especialistas para precisar las iniciativas y, eventualmente, convocar a un periodo extraordinario de sesiones en el que la lucha contra la corrupción y la impunidad sea el tema central.
El presidente del Senado, puso especial énfasis en los gobiernos estatales y municipales, donde aseguró que existen numerosos espacios para detectar irregularidades. Incluso, cuestionó que el Sistema Nacional Anticorrupción y las contralorías se hayan convertido en estructuras que, desde su perspectiva, cobran y no cumplen eficazmente con su responsabilidad.
Como alternativa, propuso crear un tribunal de cuentas independiente del Gobierno federal, que tenga facultades para vigilar el gasto público en los tres órdenes de gobierno y llamar a cuentas a gobernadores, presidentes municipales y demás funcionarios.
Criticó que actualmente los titulares de las dependencias, gobernadores y alcaldes designen a sus propios contralores, pues consideró que no puede existir una fiscalización efectiva cuando quienes deben vigilar dependen de los mismos funcionarios a los que tienen que supervisar.
También cuestionó las cuotas partidistas en la designación de consejeros electorales, magistrados y contralores, al considerar que estos acuerdos políticos han debilitado la autonomía institucional.
Martínez sostuvo que corrupción e impunidad son inseparables y que el país necesita aprovechar el momento para emprender una reforma que vaya más allá de crear nuevas oficinas o modificar leyes sin consecuencias.