El recorte de 6 mil millones de pesos al instituto nacional electoral, en plena crisis de corrupción de Guadalupe Taddei, tiene el objetivo de debilitar aún más a la institución y preparar un gran fraude electoral el próximo 6 de junio del 2027.
Así lo advirtieron senadores de oposición, quienes condenaron que mientras se recorta el presupuesto al arbitro electoral en pleno proceso, se entreguen 618 millones de ese recorte para los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) en un abierto pago de favores al Partido del Trabajo, cuyo eterno líder es el senador Alberto Anaya.
Esta versión fue rechazada de inmediato por la vicecoordinadora del PT en el senado, Geovanna Bañuelos, quien aseguró que esta es una lucha histórica de su partido.
Incluso, la dirigente del Partido Verde, Karen Castrejón dijo desconocer si el recorte al INE fue un pago de facturas para sus aliados del PT, pero confió que esto no debilite al árbitro electoral.
Sin embargo, el líder del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que este recorte al INE solo busca debilitarlo y preparar un fraude electoral en 2027.
Moreno, , acusó a Morena de intentar evadir su responsabilidad por haber impulsado a Guadalupe Taddei y sostuvo que la investigación no debe limitarse a la exconsejera presidenta, sino extenderse a los consejeros y funcionarios que presuntamente participaron en las contrataciones y asignaciones directas.
Afirmó que detrás de las irregularidades habría una estructura que buscaba controlar tanto al organismo nacional como a los institutos electorales locales, con miras a las elecciones de 2027.
El priista calificó como un intento de preparar un fraude electoral el recorte de seis mil millones de pesos al presupuesto del INE, al advertir que la reducción de recursos limitará las capacidades operativas del organismo para vigilar y organizar los comicios.
“Morena lo que está preparando es impulsar un gran fraude electoral, robarse la elección”, acusó.
ARBITRO DEBIL
También, el senador del PAN, Marko Cortés consideró que solo al régimen le conviene un arbitro electoral debilitado, para seguir controlando las elecciones y consolidar su régimen autoritario.
Consideró que el recorte presupuestal representa otro debilitamiento de una institución fundamental para la democracia y advirtió que México necesita un árbitro electoral con recursos suficientes y autonomía para organizar los comicios.
El panista exigió que se investigue tanto a quienes participaron en las presuntas irregularidades como a quienes promovieron su nombramiento pues recordó que fueron sus diputados quienes votaron por ella para encabezar el instituto.
Además, pidió que la Cámara de Diputados designe a la nueva presidencia mediante un acuerdo de consenso entre todas las fuerzas políticas y no solamente con los votos de la mayoría oficialista.
En tanto, el vice coordinador de Morena en el Senado, Oscar Cantón Zetina, endureció el discurso y exigió cárcel para Lorenzo Córdova, por estar, según el oficialismo, detrás de la corrupción que estallo en la presidencia de Guadalupe Taddei en el INE.
Justificó el recorte presupuestal al organismo electoral al considerar que existe una crisis por presuntas desviaciones de recursos y administrativas. Sin embargo, aseguró que las elecciones de 2027 están garantizadas y que el instituto cuenta con miles de trabajadores y consejeros para mantener sus funciones.
El nuevo choque político también alcanzó la discusión sobre la sucesión en la presidencia del INE, luego de la salida de Guadalupe Taddei, y la posibilidad de que Morena impulse a una persona cercana al gobierno para encabezar el organismo electoral.
Cantón Zetina, rechazó que su partido tenga responsabilidad en la designación de Taddei y sostuvo que la exconsejera presidenta nunca fue militante ni simpatizante de Morena, sino una funcionaria de carrera electoral con más de 33 años de trayectoria.
Argumentó que fue Lorenzo Córdova, cuando encabezaba el entonces Instituto Nacional Electoral, quien impulsó su carrera al frente de organismos electorales y participó en su designación como titular del Instituto Estatal Electoral de Sonora.
El senador afirmó que las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Fiscalía General de la República (FGR) deben determinar las responsabilidades de todos los involucrados, sin excepciones.
“Cárcel, penas, multas, resarcir recursos, lo que tenga que contemplar la ley para que esto no siga ocurriendo”, exigió.