La presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Graciela Márquez, explicó que la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) permite conocer la prevalencia e incidencia de los delitos que afectan a las unidades económicas del país, así como identificar las diferencias por entidad federativa, sector de actividad y tamaño de los establecimientos.
Durante la presentación de los resultados de la ENVE 2026, detalló que el levantamiento se realizó entre marzo y mayo de este año, con una muestra de 36 mil 442 unidades económicas y dos cuestionarios integrados por 93 preguntas. La encuesta se lleva a cabo desde 2012, cada dos años, con el propósito de medir los delitos que afectan a los negocios y conocer sus consecuencias.
De acuerdo con los resultados, durante 2025 alrededor de 1.4 millones de unidades económicas fueron víctimas de al menos un delito, lo que representó 25.9 por ciento del total nacional. La proporción fue menor a la registrada en 2023, cuando alcanzó 27.2 por ciento. En conjunto, los establecimientos afectados reportaron cerca de tres millones de delitos, con un promedio de 2.2 ilícitos por cada unidad económica víctima.
Por su parte, Adrián Franco, funcionario del INEGI, explicó que los resultados permiten observar tanto la prevalencia, que identifica cuántos negocios fueron víctimas, como la incidencia, que contabiliza el número de delitos cometidos. En el periodo de 2023 a 2025, la tasa nacional de prevalencia pasó de 2 mil 722 a 2 mil 593 unidades económicas víctimas por cada 10 mil establecimientos, una disminución de 4.7 por ciento.
Estados con tasas altas
En el desglose por entidad federativa, Baja California registró la mayor tasa de prevalencia, con 3 mil 965 unidades económicas víctimas por cada 10 mil establecimientos; le siguieron Querétaro, con 3 mil 875, y Chihuahua, con 3 mil 579.
En contraste, las tasas más bajas se observaron en Guerrero, con 2 mil 033; Jalisco, con mil 861, y Yucatán, con mil 800 unidades económicas víctimas por cada 10 mil. Tlaxcala presentó el mayor incremento en la tasa de prevalencia, con 37.3 por ciento, mientras que Quintana Roo tuvo la reducción más pronunciada, de 32.9 por ciento.
En cuanto a la incidencia delictiva, Baja California, Chihuahua y Colima destacaron entre las entidades con las tasas más elevadas, mientras que Yucatán registró la menor. Baja California y Chihuahua también presentaron los mayores incrementos, en tanto que Sonora tuvo la disminución más importante, con 67 por ciento.
Extorsión, robo hormiga y asalto concentran los delitos
Entre los delitos más frecuentes contra las unidades económicas durante 2025 se encontraron la extorsión, el robo hormiga y el robo o asalto de mercancías, dinero, insumos o bienes. La extorsión registró mil 467 casos por cada 10 mil unidades económicas; el robo hormiga, 954, y el robo o asalto, 885. En conjunto, estos tres ilícitos concentraron 59 por ciento de los delitos reportados.
La extorsión representó 26.2 por ciento del total de delitos. Aunque tuvo una reducción cercana a seis por ciento respecto de 2023, el cambio no fue estadísticamente significativo, por lo que se mantuvo como el ilícito más frecuente. Este delito afectó principalmente a las micro y pequeñas unidades económicas, así como a los sectores de Industria y Servicios.
En contraste, el fraude y los delitos informáticos presentaron incrementos. La tasa de fraude pasó de 522 casos por cada 10 mil unidades económicas en 2023 a 633 en 2025. También se identificó un aumento de los delitos cometidos mediante medios digitales.
Por tamaño de establecimiento, las unidades medianas registraron la mayor prevalencia de victimización, con 51.9 por ciento, seguidas de las grandes, con 48.4 por ciento; las pequeñas, con 41.5 por ciento, y las micro, con 25.1 por ciento. Las unidades grandes también reportaron la mayor frecuencia de delitos, con un promedio de 4.3 por cada negocio víctima.
Costo de delitos
El costo total de los delitos contra las unidades económicas ascendió a 115 mil 100 millones de pesos durante 2025, equivalente a 0.46 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). En 2023, el monto había sido de 124 mil millones de pesos, aunque la diferencia entre ambos periodos no fue estadísticamente significativa.
El costo promedio por unidad económica fue de 44 mil 560 pesos. Además de las pérdidas derivadas de los delitos, los establecimientos destinaron 58 mil 900 millones de pesos a medidas preventivas, una disminución significativa frente a los 67 mil 200 millones reportados en 2023.
Más de la mitad del gasto preventivo, 52.3 por ciento, se destinó a la instalación de alarmas y cámaras de vigilancia, así como a la colocación de cerraduras y candados.
Por entidad, Puebla registró uno de los mayores incrementos en el costo promedio por unidad económica víctima, con 91.4 por ciento; le siguieron Oaxaca, con 60.2 por ciento, e Hidalgo, con 48.3 por ciento. En sentido contrario, Guerrero tuvo una reducción de 64 por ciento; Sinaloa, de 63.6 por ciento, y el Estado de México, de 62.2 por ciento.
Nueve de cada 10 delitos no llegaron a una investigación
La encuesta también mostró que la mayoría de los delitos cometidos contra los negocios no fueron denunciados o no derivaron en una carpeta de investigación. Durante 2025, únicamente 9.9 por ciento de los ilícitos fueron denunciados; de estos, en 82.3 por ciento se inició una carpeta ante las fiscalías estatales.
Al considerar el total de delitos, solamente 8.2 por ciento contó con una carpeta de investigación, mientras que 1.7 por ciento fue denunciado, pero no derivó en la apertura de una. El restante 91.8 por ciento conformó la cifra oculta o cifra negra, es decir, delitos que no fueron denunciados o que no tuvieron una investigación.
Entre las razones para no denunciar, 58.9 por ciento correspondió a causas atribuidas a las autoridades. La principal fue considerar que denunciar implicaba una pérdida de tiempo, con 35.3 por ciento; mientras que, entre otras razones, 16.2 por ciento señaló que el delito no tenía importancia.
Incluso cuando se abrió una carpeta, en 75.4 por ciento de los casos no ocurrió nada o la investigación permanecía pendiente: 29 por ciento no tuvo acciones posteriores y 46.4 por ciento seguía en trámite.
percepción de seguridad y desempeño de las autoridades
La inseguridad y la delincuencia fueron identificadas como el principal problema por 57.1 por ciento de las unidades económicas, alrededor de tres millones de establecimientos. En segundo lugar se ubicó la falta de apoyo del gobierno, señalada por 32.3 por ciento.
En cuanto a la percepción de seguridad, 71.2 por ciento de las unidades económicas consideró que su entidad era insegura. Guanajuato encabezó la lista con 71.3 por ciento, seguido de Morelos, con 70.3 por ciento, y Tabasco, con 69.9 por ciento. Las proporciones más bajas se registraron en Yucatán, con 29.1 por ciento; Durango, con 37.5 por ciento, y Nayarit, con 42.2 por ciento.
Además, 54.8 por ciento de los establecimientos manifestó percibir inseguridad al transportar sus productos por carreteras y caminos. Esta percepción contrastó con la reducción de más de 28 por ciento en los robos de mercancías en tránsito.
Sobre el desempeño de las instituciones, la Marina obtuvo una percepción de efectividad de 88 por ciento; el Ejército, de 86.9 por ciento, y la Fuerza Aérea, de 84.8 por ciento. En contraste, 70.5 por ciento de las unidades económicas consideró que la policía de tránsito municipal era corrupta.
Los resultados también mostraron que, de los delitos presenciados por empleados o propietarios, 5.3 por ciento involucró agresiones físicas. En 16.5 por ciento de los casos se reportó que los agresores portaban un arma y, cuando hubo presencia de armas, estas fueron utilizadas en 24.7 por ciento de las ocasiones.