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La Secretaría Anticorrupción pide a la banca pública evitar un financiamiento a la compañía, que mantiene recursos pendientes de reintegrar y enfrenta investigaciones que podrían comprometer su capacidad de pago

Broxel, empresa de vales, debe devolver 29.4 mdp de pagos en exceso al gobierno y busca crédito millonario de Bancomext

Monederos electrónicos de Broxel

Un oficio de advertencia enviado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno al Comité Ejecutivo del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) detalla presuntas irregularidades en las operaciones de Servicios Broxel, empresa que suministra vales electrónicos de despensa y que, tras obtener contratos federales y de la Ciudad de México por montos máximos que en conjunto superaron los 13 mil millones de pesos en 2025, recibió recursos públicos que no le correspondían al celebrar contratos en condiciones distintas a las originalmente ofertadas.

Broxel no ha devuelto la totalidad de los recursos recibidos en exceso y, pese a ello, busca que Bancomext le financie sus operaciones. El Órgano de Vigilancia de la Secretaría Anticorrupción advirtió que existen investigaciones abiertas que podrían derivar en sanciones e impedir a la empresa obtener nuevos contratos gubernamentales, una de sus principales fuentes de ingresos, lo que pondría en riesgo su capacidad de pago.

A esto se suma un posible conflicto de interés, pues un representante legal de Broxel tiene parentesco por consanguinidad con un funcionario de Hacienda que anteriormente ocupó un cargo directivo en Bancomext. Pese a estos antecedentes, la solicitud de crédito llegó hasta el Comité Ejecutivo del banco, lo que motivó que Anticorrupción pidiera no autorizar una línea de financiamiento de hasta 4 mil 200 millones de pesos.

El oficio 223/DGPCMC/352/2026, firmado por el director general de Prevención de la Corrupción y Mejora Continua 3 y comisario de la Secretaría Anticorrupción, José Juan García Estrada, está fechado el 10 de noviembre, día en que se tenía programada la sesión para revisar la solicitud de financiamiento.

Broxel, empresa que ya se vio envuelta en una polémica por el caso de los monederos electrónicos entregados a legisladores, mantiene pendientes de reintegrar aproximadamente 29.4 millones de pesos a 39 instituciones de la Administración Pública Federal. El oficio señala que las dependencias han realizado requerimientos a la empresa, sin que hasta esa fecha se hubiera conseguido la devolución total de los recursos.

Las investigaciones por este caso continúan abiertas y podrían derivar en sanciones contra Broxel, incluida la imposibilidad de obtener nuevas adjudicaciones gubernamentales.

Broxel ganó la licitación consolidada LA-06-400-006400001-N-19-2025 de la Secretaría de Hacienda para el suministro de vales electrónicos de despensa durante 2025 y celebró contratos con más de 150 entidades públicas. Según Anticorrupción, estos acuerdos se formalizaron bajo condiciones distintas a las ofrecidas durante el concurso, lo que ocasionó pagos en exceso en perjuicio del erario público.

En cuanto al posible conflicto de interés, el representante legal de Broxel, Karlo Gerardo Siliceo Valdespino, guarda parentesco por consanguinidad con Miguel Sergio Siliceo Valdespino, titular de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda desde octubre de 2021, quien anteriormente fue director general adjunto en la Dirección General de Emisiones y Relaciones Internacionales de Bancomext.

De acuerdo con el oficio, el funcionario obtuvo una licencia sin goce de sueldo al dejar ese cargo, por lo que la Secretaría Anticorrupción considera que podría conservar una relación laboral con Bancomext, circunstancia que añade riesgos a la operación financiera solicitada por Broxel.

Ante estos antecedentes, la Secretaría Anticorrupción concluyó que “no es viable autorizar la solicitud de crédito”, con el propósito de salvaguardar los intereses de Bancomext y evitar que los riesgos asociados a la empresa se trasladen al Gobierno federal.

Al cierre de esta edición, no había certeza sobre la decisión adoptada por el Comité Ejecutivo de Bancomext respecto al financiamiento solicitado.

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