La crisis bancaria registrada en Paraguay tras la intervención de Ueno Bank reavivó el debate sobre la respuesta de las autoridades mexicanas ante el caso CIBANCO, señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntas operaciones de lavado de dinero. Mientras en el país sudamericano se ordenó la captura de ocho ejecutivos y se abrió paso a investigaciones penales, en México no existe registro público de directivos de la institución que hayan sido llamados a cuentas por la vía penal.
El caso de CIBANCO también ha generado cuestionamientos por el destino de sus activos y la continuidad de algunas de sus estructuras financieras bajo otras denominaciones. La liquidación está a cargo de Alvarez & Marsal México, como liquidador bajo supervisión del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), en un proceso que incluyó la transferencia de activos, créditos y cartera automotriz durante septiembre de 2025.
La institución fue presidida entre 2008 y 2025 por Jorge Rangel de Alba Brunel. En ese periodo, CIBANCO negó las acusaciones que posteriormente fueron documentadas por la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN). De acuerdo con el documento, esa autoridad reportó transferencias superiores a 100 millones de dólares vinculadas con un proveedor de precursores del Cártel Jalisco Nueva Generación, además de una cuenta relacionada con un integrante del Cártel del Golfo.
Entre las operaciones posteriores a la intervención figura la transmisión de CI Casa de Bolsa a Trafalgar, pese a que un juez había prohibido su venta el 27 de marzo de 2026. El documento señala que Salvador Arroyo Rodríguez, apoderado del vendedor y de la casa de bolsa, presentó escritos ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores junto con el comprador, José Porfirio Sánchez-Talavera Beiles. La CNBV autorizó la operación un mes después de la prohibición judicial.
El 8 de junio, el juez declaró fundado el incumplimiento y dio vista al Ministerio Público por probable desobediencia. Diecisiete días más tarde, Roberto Pérez Estrada ejecutó el poder notarial para concretar la transmisión.
El texto también menciona a Mario Maciel Castro, director general de CIBANCO, quien comparte desde 2006 poderes de dominio en una empresa de remesas internacionales con Arroyo y Pérez Estrada, según el registro público.
El documento plantea interrogantes sobre la revisión de estas operaciones, el papel de los antiguos directivos y las responsabilidades de las autoridades y del liquidador. También cuestiona si las estructuras vinculadas con el banco continúan operando bajo nombres distintos.