Luis Rogelio Pineda Taddei, hijo de la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, presentó su renuncia como secretario particular del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, la noche del miércoles 11 de noviembre, horas después de que trascendiera su inclusión en la lista de personas con cuentas bancarias bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El Gobierno de Sonora confirmó la salida del funcionario, quien permaneció aproximadamente 15 meses en el puesto, al que se incorporó en agosto de 2025. Su renuncia se produjo mientras avanzan las investigaciones federales sobre presuntas operaciones financieras irregulares y posibles actos de corrupción relacionados con la contratación de proveedores de servicios y materiales electorales.
Antes de integrarse al equipo cercano de Alfonso Durazo, Pineda Taddei ocupó la dirección del Centro de Investigaciones Parlamentarias del Congreso de Sonora y posteriormente se desempeñó como consejero en la Consejería Jurídica del Gobierno estatal.
UIF bloquea cuentas de 40 personas y empresas
El caso se relaciona con una investigación sobre posibles irregularidades financieras en operaciones y contratos de proveedores electorales durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del INE, responsabilidad que dejó el pasado 26 de octubre, en medio de cuestionamientos por presuntos conflictos de interés y vínculos con empresas contratistas.
De acuerdo con la información difundida los días 4 y 5 de noviembre, la UIF incorporó a 40 personas y empresas a la Lista de Personas Bloqueadas, de las cuales 25 son personas físicas y 15 personas morales. Entre los nombres identificados por fuentes consultadas se encuentran Guadalupe Taddei y los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, relacionados con el suministro de materiales electorales.
Además del entorno familiar de la exconsejera presidenta, las indagatorias también alcanzan a empresarios vinculados con contratos del INE y a ocho exfuncionarios del organismo electoral, como parte de las revisiones sobre las contrataciones y operaciones financieras realizadas durante ese periodo.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó la semana pasada sobre el bloqueo de cuentas, aunque no dio a conocer sus identidades. La dependencia señaló que estaban relacionadas con proveedores electorales y que se detectaron movimientos financieros con elementos de riesgo que requerían ser revisados por las autoridades competentes.